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El nuevo Paraguay

lunes 22 de diciembre de 2008, 02:30h

Cuatro meses después de recibir la banda de presidente de la República, Fernando Lugo comienza a mostrar las líneas maestras de su acción de gobierno, resolviendo así parte del enigma que suponía el ascenso al poder de una personalidad política desconocida como la del antiguo obispo católico. El traspaso de poderes, realizado en Asunción este verano, no es un cambio presidencial cualquiera ya que ponía fin a más de sesenta años de hegemonía del régimen oficialista que representaba el Partido Colorado. En este sentido, más que de un nuevo gobierno puede hablarse de un nuevo Estado en Paraguay.
 
Con la legitimidad que le da el amplio respaldo obtenido en las urnas y el liderazgo sobre un movimiento social en el que están representadas las principales fuerzas políticas de centro-izquierda, el presidente Lugo ha emprendido una necesaria política de regeneración del país que, en sus objetivos nacionales principales, pretende recuperar las instituciones públicas, conseguir una reactivación económica que mitigue el paro y la inseguridad, e impulsar cambios estructurales como la ya anunciada reforma agraria integral.  

La lucha contra la corrupción institucional, de un Paraguay en que décadas de autoritarismo de la dictadura militar y de falta total de control de los cargos públicos han situado en los últimos puestos de la lista de transparencia internacional, tuvo su primera medida a la semana siguiente de la toma de posesión del presidente con la calculada destitución en bloque del alto mando militar y de las fuerzas de seguridad, y ha continuado después con la apertura de investigaciones judiciales por enriquecimiento injusto de antiguos responsables políticos comenzando por el ex presidente Nicanor Duarte.

Las empresas públicas han sido especialmente opacas a la fiscalización económica generando así una deuda que las hace inviables. En este campo y conectando con su política exterior, el gobierno paraguayo se propone renegociar las condiciones del acuerdo de explotación conjunta de las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá que comparte con los países vecinos de Brasil y Argentina, respectivamente. Paraguay reclama la capacidad de disponer de sus excedentes energéticos para venderlos libremente en el mercado, sin obligación de cederlo al otro país por un precio tarifado desfasado en la actualidad. Se trata de una vía de recaudación tan justificada como necesaria para contribuir a financiar las reformas previstas.   

La oposición, sin embargo, no ha tardado en reaccionar ante los cambios que se avecinan y se ha movilizado desplegando en las carreteras al poderoso sector agrario corporativo –en el que se engloban no solo productores sino también industriales y comerciantes agropecuarios–, con su maquinaria dispuesta para el bloqueo. El lema de la protesta –“trabajo y seguridad”– encubre una presión gremialista intolerable para un gobierno que inicia su gestión entre la realidad de un país empobrecido y las grandes expectativas de mejoría despertadas en la población. El “tractorazo” de la derecha paraguaya quiere maniatar al nuevo gobierno en sus proyectos sociales.

El gobierno de Lugo deberá saber resistir la doble presión que le llega, a su izquierda con las ocupaciones de tierras y reivindicaciones de las clases desprotegidas, y a su derecha con la inquietante convergencia de intereses políticos y económicos de las clases acomodadas, siempre recelosas del impacto que puedan tener en sus patrimonios las reformas estructurales. Es un escenario político delicado, y no exento de riesgos de desestabilización, pero también consecuente con las esperanzas de justicia social que representa el presidente Fernando Lugo.

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