Más allá de la economía: un debate liberal

Aunque no lo parezca últimamente en términos de eficacia en la acción política, España es tierra de liberales, por lo que cabe esperar que despierte interés el debate que el próximo martes, al cobijo de un recinto tan emblemático para las ideas liberales como el Ateneo de Madrid, y convocado por el Club Liberal, debatirá cuestiones con tanto calado como la ubicación misma del liberalismo en la línea que va desde lo conservador hasta lo progresista, o por decirlo más directamente, entre los liberales que se autodefinen liberal-progresistas, por entender que el progresismo es inherente a las mismas raíces de lo liberal, y aquellos otros que, ubicados en posiciones más conservadoras, desean ubicar el liberalismo español en el espacio político del PP, para modernizar y centrar la imagen del partido de la oposición y mejorar sus expectativas electorales. El debate ha venido precedido de intensos intercambios de opiniones en Internet por parte de unos y otros, con ese gran recurso que es el correo electrónico masivo, y ha sido curioso ver como, poco a poco, se iban acercando posiciones inicialmente distantes.

La idea del debate partió de un muy brillante liberal, el abogado Joaquín Nebreda, desconozco si afiliado, pero desde luego cercano a las posiciones más modernas y avanzadas en el ámbito del PP y seguramente afín a la siempre polémica y muy popular presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que libra ahora por cierto, asistida por todas las razones políticas y éticas, una batalla algo escandalosa con un muy respetable asesor fiscal a quien cierta vieja amistad con José María Aznar alzó políticamente a la presidencia de Caja Madrid, y de quien sorprende este inesperado comportamiento porque Miguel Blesa es persona de nivel, calidad humana y lealtades, pero será que pocos pasan impunemente por las puertas doradas del poder político y económico.

Volviendo a lo que interesa, el debate liberal apuntado, Nebreda ha hecho circular diez tesis o conclusiones que centrarán la polémica en el Ateneo y que son, en sí mismas, muy expresivas del origen del debate abierto. Véase, como faro, la primera de ellas, hábil en su construcción y cuya literalidad respeto: “España es una nación, por sobradas razones históricas y, en todo caso, como garantía de la igualdad de los españoles, razón por la que no cabe transigir sobre su existencia y unidad”. ¿Pero es que los partidos nacionalistas, contra los que inocultablemente se orienta el argumento, niegan la existencia de España? ¿Es que la deseable igualdad de derechos de los españoles no permite la diversidad en la arquitectura administrativa y política del Estado?

La tesis, en la modesta opinión de este comentarista por lo menos discutible en términos liberales, profundiza: “Las identidades colectivas con que se niega la nación española vulneran el concepto de ciudadano, único sujeto de derechos políticos, y por tanto vulneran los principios de igualdad y de libertad individuales”. A ver, que se explique esto. ¿Declarar, por ejemplo, la identidad catalana equivale a negar España? ¿Por qué? ¿En que raros reductos de la ciencia política se alberga esa extraña incompatibilidad entre España y las opciones federal o plurinacional de organización del Estado?

Sorprende un poco por venir de quien viene, pero nadie puede discutirle la arquitectura intelectual de los conceptos, la tercera tesis, en la que, tras reclamar la legitimación en referéndum de la Monarquía, para absorber la anomalía de la situación hereditaria, expresa que una República democrática, fuente de los valores cívicos y garante de las libertades individuales, no frentepopulista como fue la II República, es probablemente la aspiración más generalizada entre los liberales.  

Otras tesis serán, sin duda, menos polémicas, como la creación de entes reguladores independientes y profesionalizados, la privatización de las Cajas de Ahorro, la unidad de Jurisdicción en la línea del poder judicial independiente y profesionalizado, la definición de que a las Administraciones públicas les corresponde la función reguladora y no la de operación económica. Más discutibles son las que recomiendan el endurecimiento del derecho penal, definen el aborto como atentado contra la vida que sólo es asumible en situación límite de conflicto con otro derecho idéntico o el excesivo interés por la presencia de lo religioso en la sociedad, que configuran referencias inequívocas al modelo ’neocon’.