Ley de Propiedad Intelectual: ¿Chile está maduro para los cambios?

Ese escenario parecía el más cuerdo y lógico para abordar de manera seria la actualización de la legislación sobre la materia. La idea original del proyecto en cuestión es tratar de recoger los cambios que ha generado el llamado entorno digital, que la ley original no recogía. Pero mientras se desarrollaba este proceso, una serie de organizaciones agrupadas en Trato Justo Para Todos (Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (ACTI), ONG Derechos Digitales, Colegio de Bibliotecarios AG, Comisión de Directores de Bibliotecas (CABID), Asociación Proveedores de Internet (API), Asociación de Derecho e Informática de Chile (ADI) y Liberación Digital), denunciaron que durante su tramitación en el Congreso, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), una de las organizaciones participantes en esta mesa de diálogo, reconoció tener un acuerdo secreto con el Gobierno, hecho que fue, además, ratificado por la propia Ministra de Cultura. Algo que la aludida organización ha desmentido largamente. Así lo expresó el abogado y director de estudio de la SCD, Jorge Mahú, en una entrevista con Radio Cooperativa, señalando que "la reunión nunca fue secreta. El ministro Viera-Gallo invitó a los artistas a una reunión para ver cuáles eran los puntos que les interesaban. Hemos sido absolutamente claros y transparentes".

El gobierno también ha desmentido las acusaciones, a través del aludido Ministro Secretario General de la Presidencia, José Viera Gallo, quien explicó que “lo que se está buscando mantener es el más amplio derecho de los usuarios al libre acceso a la cultura y sus bienes, pero también resguardar el derecho de los autores de la creación”.

Pero más allá de lo secreto o no, las otras instancias participes de la mesa de trabajo propuesta por el parlamento, indicaron que el mencionado acuerdo “busca plasmar en el texto de dicha ley los intereses exclusivos de la SCD, dejando al resto de los participantes de la mesa fuera de la discusión de sus aspectos centrales”, y que además “el acuerdo en cuestión dejaría en total desprotección al ciudadano, consumidor por excelencia de información y generador de conocimiento y cultura de un país”.

Así lo confirma Hugo Baronti,  sociólogo y webmaster de Universidad ARCIS, quien señala que “independientemente de lo nefasto que resulta esta falta de respeto a las organizaciones que fueron convocadas al diálogo, la ley propuesta por SCD y concensuada con el Gobierno, pasa a llevar un conjunto de aspectos que están en contra del interés de la gran mayoría de las chilenas y chilenos, en la medida en que se terminan diversos derechos que nuestra sociedad había logrado para el beneficio público”. El acuerdo a que aluden planteaba, entre otras cosas la eliminación de excepciones para uso justo y educacional; eliminación de la necesidad de probar el uso efectivo de las obras; eliminación de arbitraje forzoso; responsabilidad de las operadoras de Internet; rechazo a indicaciones posteriores.


En el parlamento   

Actualmente la Ley sigue en el senado, donde las comisiones de Economía y Educación la están analizando, y si bien la mayoría esta de acuerdo en actualizar la ley, como lo expresa el senador Guido Girardi, quien cree que es evidente que la inclusión de las tecnologías ha generado una problemática con respecto a los derechos de autor, especialmente porque ahora es posible realizar por ejemplo copias exactas a obras originales, a bajo costo y con poder de distribución mundial, a través de las redes como Internet.

Pero hay matices entre los parlamentarios y la SCD, por ejemplo el mencionado Girardi dice que, en relación a la posibilidad de que las ISPs tengan que pagar a esta sociedad por las obras protegidos por derechos de autor que los usuarios descargan por Internet, no estaría de acuerdo en cobrarle un porcentaje de sus ganancias anticipadamente, solo se podría cobrar siempre y cuando se pruebe la descarga efectiva que realice un usuario de este tipo de obras y no anticipadamente, de un ISP que ofrece descarga de música como servicio. “Esto, porque es importante proteger a un músico, por ejemplo, que escribe temas y que es lícito que quiera lucrarse con lo creado”.

Para el abogado Mahuí, "hoy día hay un tremendo negocio con las obras en internet, donde los autores no están recibiendo ninguna compensación. No queremos exonerar desde ya a los ISP, porque si no nunca vamos a tener una retribución. Lo que más circulan son obras musicales y películas. Hoy día la banda ancha no se justifica para mandar un mail", explicó en la mencionada entrevista a Cooperativa.

Por su parte el senador Carlos Cantero, señala que si se incluyeran las peticiones de la SCD "muchos de los estudiantes que no tienen dinero para comprar un texto no podrían fotocopiar partes de un libro, las bibliotecas no podrían preservar digitalmente libros en riesgos de conservación y los niños que hacen un trabajo audiovisual deberían cancelar un costo por usar una canción en ese video".

Argumentó que de visarse el acuerdo suscrito entre la SCD y el ejecutivo, la red pasaría a ser un canal construido con el único objetivo de desarrollar y promover la piratería, con lo cual el proveedor de conectividad al detectar el mal uso de las redes, aumente los costos de conexión, inclusive a quienes no hayan cometido una infracción como en el caso de una persona adulto mayor que sólo utiliza el computador para ver su correo.

Por ello, el abogado Claudio Ruiz, de Derechos Digitales que el desafío es demostrarle a los senadores "que esto no es unilateral, que el derecho de autor y la propiedad intelectual no es patrimonio absoluto de los cantantes y de los artistas, ni menos de la SCD, lo que se necesita es un equilibrio entre los intereses del público y el de los autores".




Creative Commons

En el marco de esta discusión, algunas organizaciones ligadas al mundo digital, han dado a conocer y apoyado el uso de licencias que ayudan a reducir las trabas legales de los derechos de autor, como es Creative Commons, organización que fue fundada por el profesor de derecho de la Universidad de Stanford, Lawrence Lessig. La labor principal de esta organización y de sus postulados, “es facilitar el movimiento legal de los derechos de autor por vía de herramientas informáticas con el fin de regularizar, pero no así limitar el uso de la información protegida por estos derechos”.

Dentro de CC existen muchas clases de derechos, cada uno de ellos  con diferentes finalidades, como el derecho del autor original a dar libertad para citar su obra, reproducirla, crear obras derivadas, ofrecerla públicamente y con diferentes restricciones como no permitir el uso comercial o respetar la autoría original.




Estado actual
 
El año legislativo ya se acerca a su fin, y la ley sigue en el Congreso. Se han planteado una serie de indicaciones, y todos los sectores interesados ven que “aún es tiempo de detener o varias la situación”. Lo que queda claro es que la vigente Ley no da cuenta de las evoluciones de todos estos años, pese a sus modificaciones parceladas y este proyecto podría ser un buen ejemplo, de que Chile ha alcanzado la suficiente madurez para comprender los nuevos tiempos, y las perspectivas que nos muestra la naciente sociedad de la información.

Y como acota Hugo Muñoz, “hoy en día emergen nuevas formas de producir arte y cultura, así como nuevas formas de vivir con su comercialización; formas que no atentan contra la libertad de los usuarios, que no atentan contra la innovación y la creatividad, contra el desarrollo artístico y cultural del país, y contra el dominio público”. Lo que falta es consensuarlas.

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