La acción tuvo lugar la tarde del jueves cuando una comisión judicial, escoltada por efectivos policiales, compareció en la empresa para validar una medida de amparo y desalojar a un grupo de empleados, que mantienen tomadas las instalaciones desde el pasado 12 enero.
Los tomistas, que defienden el reenganche de 135 trabajadores de la contratista Induservis cuyo contrato con MMC Automotriz había finalizado, negaron a los funcionarios el acceso a la empresa lo cual ocasionó un violento altercado, que culminó con la muerte del trabajador de Mitsubishi, José Marcano, y Pedro Suárez, empleado de Macusa.
El gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab, informó este lunes en rueda de prensa que el Poder Judicial dictó privativa de libertad contra el agente Juan Álvarez Rojas, cuya arma de reglamento detonó el proyectil calibre 9 mm, encontrado en el cuerpo de uno de los trabajadores fallecidos.
Asimismo indicó que se aplicó la misma medida a los agentes Johan González, Mario Guevara y Jorge Ramírez, el subinspector Douglas Hernández, y el responsable del parque de armas del Iapanz, Antonio Febres, quien habría intentado modificar el registro de entrada y entrega de armamento.
Precisó que estos funcionarios no serán destituidos hasta tanto no se demuestre su culpabilidad sin lugar a dudas, pero mientras tanto continuarán a la orden del Tribunal V de Control y privados de libertad bajo la acusación de homicidio, homicidio en grado de frustración, cooperación y uso indebido del arma de reglamento.
Comentó que aun cuando varios efectivos han sido exonerados, durante la investigación emprendida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), aseguró que “todo aquel funcionario que haya utilizado su armamento en la manifestación, será igualmente procesado por uso indebido del arma de reglamento”.
Saab recordó que desde abril de 2005 está vigente un decreto, emitido por el Ejecutivo estadal, que prohíbe el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones, y agregó que instruirá la apertura de expedientes administrativos a todos los oficiales vinculados a los hechos, por no hacer valer esta norma.
Señaló que las jueces que intentaron hacer valer por la fuerza las acciones de amparo y desalojo en la empresa MMC Automotriz deberán comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para explicar su actuación.
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