Función Pública planea reforzar la lucha anti-corrupción

El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Germán Martínez Cázares, reconoció que la dependencia a su cargo debe dejar la labor reactiva y sustituirla por una preventiva para evitar la corrupción.

Ante los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, presentó un decálogo para eficientar la labor de la SFP, sobre todo en lo relacionado al abatimiento de los costos en infraestructura por la mala planeación.

Explicó que en el último año, la dependencia resolvió 534 impugnaciones cuyo costo implicó 37 mil 590 millones de pesos, que se distrajeron de la creación de infraestructura.

En ese sentido, y para mejorar la aplicación de recursos públicos en el desarrollo de México, planteó tres objetivos centrales.

Ampliar la publicidad en la planeación de la inversión pública; generar certeza jurídica en la contratación de obras; y fortalecer el control preventivo en la fiscalización de los recursos públicos.

Asimismo presentó los diez objetivos para el aumento de la eficiencia, competencia, transparencia y trato justo para los inversionistas privados en la concurrencia con el gobierno en las obras de infraestructura.

Entre ellos destacan, promover la participación privada en la creación de planes públicos de infraestructura; ampliar la aplicación de tecnologías de información; usar informes técnicos como base de los contratos y fortalecer la asistencia de la SFP hacia estados y municipios.

También, reforzar el diálogo técnico entre el sector público y el privado; ajustar la normatividad para reducir problemas; homologar requisitos entre las dependencias y promover modelos únicos de contrato.

Igualmente, Martínez Cázares se comprometió a incorporar en los contratos mecanismos de conciliación y a favorecer, como principio general, a los inversionistas nacionales en la contratación de obras de infraestructura.

Al reconocer que la inversión privada hace falta para mejorar la infraestructura y la eficiencia del país en la materia, que se encuentra a niveles inferiores que Estados Unidos, España, Corea o Chile, ofreció que no dejará sin solución ningún expediente.

Insistió en que no habrá tolerancia a contrataciones irregulares y que se transparentará la relación entre el gobierno y los inversionistas privados.