Cadena perpetua

El presidente de Gobierno, sin duda, debe ser una persona sensible y cercana a los problemas de los ciudadanos. No hay nada más encomiable que esa proximidad y esa sensibilidad.  Pero la distancia también favorece la asepsia y la capacidad de decidir sin estar influenciado por la proximidad a cada caso.

Ahora los padres de otra joven brutalmente asesinada han seguido los caminos de los de la niña Mari Luz. Han acudido indignados y destruidos a La Moncloa y reclaman cadena perpetua para los asesinos brutales de su hija. El presidente ha escuchado y ha guardado un respetuoso silencio para evitar pronunciarse sobre algo tan polémico como el cambio del código penal y probablemente de la Constitución al calor de la indignación y el dolor por un hecho concreto.

No hay mayor error en los comportamientos legislativos que hacerlo con la influencia de hechos que conmocionan a la opinión pública. Legislar para satisfacer la cólera popular es un error. Pero además, nuestro ordenamiento contempla la reinserción como un acompañamiento necesario de la pena. Se castiga con la cárcel pero se le da al reo la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Lo que se puede endurecer son las condiciones de la reaserción, pero no hacerla desaparecer por ánimo de venganza.

Decirle esto a los padres de una niña asesinada es muy difícil. Por eso el precedente que ha creado el presidente de Gobierno de recibir a los protagonistas de cada tragedia de este tipo tiene servidumbres difíciles de soportar.

La sociedad en su conjunto y las Cortes Generales como representantes de la soberanía popular tienen que meditar serenamente sobre el sistema penal y penitenciario español y buscar la forma de adecuar el castigo a la proporción que permita nuestra encuadramiento como país que protege los derechos de los ciudadanos, castiga a los delincuentes y proporciona posibilidades racionales de reinserción. La cadena perpetua que ahora se reclama es muy difícil de encuadrar en esos parámetros.