Según informó una fuente del Poder Judicial a la agencia EFE, la sentencia se dictará en un plazo máximo de cinco días después de que concluyan los alegatos del juicio que se le sigue a Fujimori por violaciones a los derechos humanos.
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, acaba de exponer el tercero de once puntos de defensa, para lo cual ha requerido, hasta el momento, de cuatro audiencias.
Una vez que haya concluido esos once puntos, tomará la palabra Fujimori, quien no tiene un límite de tiempo para exponer sus argumentos.
El tribunal de la Corte Suprema que procesa al ex mandatario dictó este miércoles las reglas que regirán la fase final de deliberación, votación y lectura de sentencia.
El documento, que fue aprobado por el Ministerio Público, los abogados de la parte civil y del acusado, señala que ante la “abundante y difícil” actuación probatoria, el veredicto y la sentencia serán extensos.
En ese contexto, la lectura del fallo no será integral, pero se respetará la norma que ordena que el imputado, las partes procesales y la sociedad conozcan en “forma clara y concreta” los motivos esenciales de la sentencia “en un acto público y solemne”.
El tribunal también tomó en cuenta las recomendaciones médicas sobre el tiempo en que el imputado puede permanecer en el estrado judicial y el número de sesiones semanales que puede soportar.
La parte final del proceso se celebra actualmente en dos audiencias semanales, los lunes y miércoles, y solo por las mañanas.
Otra de las reglas indicó que inmediatamente después de leída la sentencia se entregará a cada una de las partes el texto íntegro en documento electrónico y se colgará en el portal de Internet del Poder Judicial peruano.
Una vez emitido el fallo, las partes tendrán un plazo máximo de un día para comunicar si presentarán un recurso de nulidad, que deberá ser fundamentado en un máximo de diez días.
Fujimori está siendo procesado por delitos de lesa humanidad por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron un total de 25 personas y fueron cometidas en 1991 y 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
Además, por la detención del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer tras el autogolpe de Estado que dio en abril de 1992.
En la audiencia de hoy, Nakazaki afirmó que Gorriti fue detenido por orden del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, “yendo más allá de la orden dada por el presidente Fujimori, y por una razón de venganza personal”.
Aseguró, además, que la acusación de “secuestro agravado” por este caso debe ser descartada porque nunca existió un “trato cruel o vejatorio” en la detención.
Nakazaki rechazó que el presunto secuestro sea un delito de “lesa humanidad”, como sostiene la acusación, por lo que añadió que puede prescribir.
La fiscalía acusa a Fujimori de ser el “autor mediato”, es decir, de haberse valido del aparato del Estado para cometer esos crímenes, y pide que se le sentencie a 30 años de cárcel.
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