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Secuelas del conflicto por las retenciones: nuevos sujetos y predicados

Secuelas del conflicto por las retenciones: nuevos sujetos y predicados

El declinante conflicto que nació por las retenciones se va esfumando pero aun en esta fase terminal sigue dando motivos para el asombro. Ahora la Mesa de Enlace, que representa supuestamente al campo -a todo el campo, dicen-, acuerda con el gobierno una serie de medidas destinadas a mejorar la situación de los productores de carne, leche, trigo y de las economías regionales. Pero el compromiso -trabajoso, meritorio- amenaza con profundizar las diferencias al interior de las corporaciones agropecuarias -entre sí y con sus bases-, y acentúa las divergencias entre las fracciones políticas opositoras que se desviven por servir al interés ruralista en el Congreso .  Así, la brusca visibilidad de las discordias intestinas de la Mesa de Enlace se reflejan a lo Pavlov en las bancadas de la oposición, revelando hasta qué punto ésta carece de un proyecto propio y solo puede atar su destino a las consignas de aquel sector.

De las dos coaliciones opositoras en ciernes -una que alinea a figuras emergentes del duhaldismo y el menemismo y otra a la Coalición Cívica y fragmentos de la UCR  y el aparato del PS-, fue ésta última la más desairada con el acta acuerdo firmada por la Mesa de Enlace y el Ejecutivo, y sus dirigentes, que habían apostado a que el conflicto escalara hasta la cima, sólo atinaron a oponerse invocando el supuesto descontento de unas "bases", que estarían al borde de la rebelión misma.  Curioso contrasentido ya que los productores rurales que están en peor situación se lo deben al bloqueo de la Resolución 125 -que contemplaba la segmentación de las retenciones según el volumen de producción, lo mismo que ahora pide la CC y la UCR-- y a las trabas que impidieron avanzar con las propuestas del Ejecutivo en materia de arrendamientos rurales y subsidios, que la Mesa de Enlace acepta discutir recién ahora.

Vale recordar que cuando asumió el presidente Néstor Kirchner en 2003, con poco más del 22 por ciento de los votos, tenía ante sí una deuda pública colosal, una profunda crisis de las representaciones políticas y el acoso despiadado al país por parte del establishment financiero internacional. Contaba, eso si, con el descrédito generalizado de las reformas de mercado aplicadas en los `90 que dejaron un país devastado, y con un bloque de poder libanizado que había sido la base del menemismo. Los grandes grupos económicos, que hicieron su agosto con las privatizaciones, la desregulación y la apertura de la economía, vivieron aquel fin de fiesta como un duelo: su programa histórico necesitaba de una recomposición de las expresiones políticas que pudieran representarlos en un país que había dejado atrás los golpes militares.

Pero el rechazo a la Resolución 125 abrió un proceso de unificación hasta entonces inimaginable, en el que convergieron todos los rencores, coyunturales e históricos, políticos y económicos: Sucede cuando la oposición política, hasta entonces desperdigada, acaba por encontrar para si un novedoso sujeto social, a falta de otro mejor, en la Mesa de Enlace. La prensa monopólica le da entidad a esa unión transitoria de intereses.

Que los partidos políticos, ya sea por su origen y devenir o por decisión de sus dirigentes, representen a determinados sectores sociales y económicos no sólo es natural y legítimo sino, además,  legitimante. No lo es menos la formación de coaliciones, más aún en un contexto de debilidad de las representaciones partidarias tradicionales.

Lo inquietante, en cambio, es que tal decisión lleve a ahogar el debate sobre políticas públicas, de Estado, que trascienden gobiernos y partidos. Porque el conflicto de fondo no es sobre retenciones  o acerca de porcentajes u otras decisiones coyunturales, sino sobre el derecho y el deber del Estado de regular  el mercado y garantizar consiguientemente los derechos sociales básicos para toda la población.

El debate, entonces, requiere de otro marco, donde el conflicto, por áspero que fuere, no conlleve la voluntad de minar la gobernabilidad democrática a cualquier precio. Hoy esa gobernabilidad no está en peligro en modo alguno, pero muchos dirigentes, incluso algunos que que provienen de partidos de tradición popular,  se están convirtiendo en rehenes de la derecha, quizás sin darse cuenta que de ese modo están también comprometiendo a futuro la autonomía de la política y del Estado frente a los grandes grupos de poder y de presión.

Oscar R. González
Dirigente socialista y secretario Parlamentario de la Jefatura de Gabinete

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