El PP pide cerrar ya la 'comisión de los espías'

Mientras PSOE e IU se afanan en no permitir una "voladura controlada" de una comisión que denuncian está cercenada, el PP se apoya para pedir el cierre en lo que considera hechos demostrados. "Aquí se ha dicho que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha creado un servicio que se creó en 1987 con Joaquín Leguina. Se ha dicho que estaba dirigido por Marcos Peña cuando en esa época no estaba en la Comunidad de Madrid. Se han hecho unas pruebas grafológicas para atribuir partes de seguimientos a personal de la Comunidad que han sido invalidadas por el presidente del Colegio de Peritos Calígrafos y hay unos partes cuyos contenidos son falsos y no se corresponden con los hechos y con las fechas. Si lo que originó esta comisión son unos partes falsos, ¿qué vamos a investigar ahora?", recalcó este jueves hasta en cinco ocasiones el popular David Pérez, que advirtió que ahora es el momento de que quienes dieron pábulo a las informaciones restituyan el honor de los acusados y del Ejecutivo regional.

Que vengan Prada, Gallardón y Cobo
El último argumento de peso esgrimido para justificar el cierre parlamentario es una información del diario El Mundo según la cual de los nueve partes divulgados hasta el momento por el diario El País "tres son falsos, tres contienen datos erróneos y tres son irrelevantes", todos correspondientes a seguimientos a Alfredo Prada. David Pérez defiende que si se dio credibilidad a unas informaciones periodísticas se debe hacer lo mismo con las que desmienten las primeras. Además, se apoyó en la información reservada realizada por la secretaria general técnica de la consejería de Interior, Mar Pérez Merino, cuya investigación interna sobre horarios, facturas y actuaciones del personal de la Dirección General de Seguridad concluyó que no había ninguna irregularidad.

Alfredo Prada, en declaraciones a ambos periódicos admite errores en algunos de los partes de seguimiento pero por otra parte muestra su voluntad de comparecer ante la Asamblea de Madrid. El PP por el momento no ha dado fecha a su presencia como tampoco a la de Manuel Cobo, también espiado, y Alberto Ruiz Gallardón. La experiencia de llamar a uno de los hombres del alcalde o a personas próximas a Mariano Rajoy no fue buena para los partidarios de Esperanza Aguirre, ya que Pedro Calvo se desvinculó de cualquier espionaje, calificó su presencia de "absurdo" y apuntó que la investigación debía centrarse en la época en que la presidenta llegó al poder en la Comunidad. IU exige al PP que "si tiene narices", permita que los espiados comparezcan y que hable a la otra parte del PP, aunque eso podría perjudicar a Aguirre.

Por el momento, los únicos espionajes divulgados por la prensa (en concreto por El País) que el Ejecutivo regional sí reconoce son los realizados al vicepresidente Ignacio González, que, asegura, no vienen de dentro.

Estudiar los 30 partes de la Fiscalía
Contra los argumentos llenos de "aire" a los que el PSOE asegura se aferran los populares, tanto su portavoz, Maru Menéndez, como la de IU, Inés Sabanés han pedido por escrito que la comisión solicite a la Fiscalía no los nueve documentos examinados y descalificados por El Mundo -que Sergio Gamón calificó este lunes de "panfletos" y "papel mojado"-, sino los treinta partes de seguimiento que El País entregó al juez para que se realizase la investigación que todavía está en marcha. David Pérez reiteró durante la comparecencia de Enrique Barón, actual director general de Seguridad, que su grupo "no participará" de la intención de la oposición de seguir calumniando al Gobierno de Aguirre.

A tenor de lo visto en los cuatro días de comisión PSOE e IU no creen que de ninguna manera se haya arrojado luz sobre los hechos dado el control que el grupo mayoritario está ejerciendo y la documentación que no se ha entregado o llega de forma tardía. Por el momento, ya han anunciado que pedirán la comparecencia del director financiero del Campus de la Justicia, que según la secretaria general técnica de la consejería de Interior -que abrió una investigación interna a petición de Francisco Granados-, ha asegurado que de la empresa pública ha desaparecido no uno, sino hasta tres ordenadores. Otros dos estarían en poder de Alfredo Prada, que pidió quedárselos ofreciéndose a pagarlos cuando abandonó sus responsabilidades por la cantidad "de información personal y profesional" que había en ellos.