Detenidos por robar combustible en un oleoducto del sur de la Comunidad

Los robos de combustible, que la banda revendía a bajo coste, se empezaron a investigar cuando técnicos de la compañía gestora de los oleoductos alertaron a la Guardia Civil de que sus sistemas de seguridad habían detectado la posible existencia de tomas ilegales en un oleoducto que discurre por el sur de la región. Asimismo, según explicaron, las tomas ilegales estaban "muy bien camufladas" con el entorno, y  el grupo había colocado varias "trampas" para ser alertados en caso de ser descubiertos.

Los integrantes de este grupo son S.B., alias "Sebi", de 26 años, residente en Torrejón de Ardoz, que ejercía como jefe, S.C.B., de 36 años y con domicilio en Madrid, encargado de realizar los "pinchazos",  M.P., de 27 años, vecino de Torrejón de Ardoz, B.A.B., de 22 años, también residente en Torrejón. Se les imputan diez delitos de robo con fuerza y de riesgo, uno de asociación ilícita, otro de robo de vehículo a motor y 28 de robos con fuerza en edificios en construcción. Ante las numerosas pérdidas de combustible en las tomas ilegales realizadas, también se les imputan la comisión de ocho delitos contra el medio ambiente.

En la misma operación, la Guardia Civil detuvo a otros dos grupos de presuntos delincuentes especializados en robos con fuerza en locales de la Comunidad y que, según creen, han actuado también en Guadalajara, Zaragoza, Castellón, Alicante y Sevilla. Fueron detenidas 8 personas a las que se les imputan hasta 16 delitos de robo con fuerza, robo con violencia e intimidación, falsificación de documentos y otro de asociación ilícita.

Además, uno de los detenidos, M.I., alias "Marius", de 20 años, está acusado de obligar a su novia menor de edad a prostituirse en un local de alterne de Guadalajara, por lo que también se detuvo al dueño del local por los delitos de prostitución y corrupción de menores. Por último, la Guardia Civil subrayó que la operación 'Secuoya' ha permitido la desarticulación de "una de las bandas delictivas más activas de España, que había causado daños por un valor de tres millones de euros y graves perjuicios para el medio ambiente".