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Pese a las observaciones se descarta haya daños patrimoniales

Auditoria Superior de la Federación afirma haber detectado irregularidades por 60 mil mdp en la Cuenta Pública de 2007

Auditoria Superior de la Federación afirma haber detectado irregularidades por 60 mil mdp en la Cuenta Pública de 2007

viernes 13 de marzo de 2009, 01:00h

Auditoria Superior de la Federación afirma haber detectado irregularidades por 60 mil mdp en la Cuenta Pública de 2007El Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, entregó a la Cámara de Diputados el informe de la cuenta pública 2007 en el que afirma que existen diferentes irregularidades en el manejo de 60 mil 723 millones de pesos durante el primer año de gestión del actual gobierno federal.

El documento, informó, es resultado de 962 auditorías aplicadas a poco más de 100 instancias gubernamentales en los tres niveles para analizar todo el presupuesto que también se destina a todos los municipios, los estados y el Distrito Federal.

Pese a tales observaciones, González de Aragón descartó que haya en sentido estricto daños patrimoniales. En ese sentido, las entidades auditadas cuentan con un plazo de 45 días para entregar sus alegatos a la Auditoría y constatar si hubo o no desvío de recursos.

En cuanto a gastos por dependencias, la ASF encontró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se otorgó estímulos de fin de año que ascendieron a 39.8 millones de pesos (mdp), mientras que por concepto de gastos para servidores públicos de mando, usaron de manera improcedente 7.5 mdp.

También en San Lázaro hubo pagos duplicados a diputados por 80.4 mdp, viáticos del orden de 8 mdp y falta de comprobación de los mismos por más de 22 mdp.

Y en el contexto en el que se discute una ley de de salarios máximos, González de Aragón propuso crear un tabulador universal de sueldos y prestaciones: "Debe de haber un tabulador único de carácter universal para todos los servidores públicos que incluya todas las prestaciones, sin excepción". Ello, dijo, resolvería el problema de discresionalidad con la que resuelven los entes autónomos sus propios salarios, tales como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Petróleos Méxicanos y el Banco de México.


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