López denunció que el Gobierno viola los derechos humanos

El ex alcalde de Chacao fue inhabilitado en agosto de 2008 para participar en las elecciones regionales y municipales de noviembre pasado por haber incurrido presuntamente en actos de corrupción, junto a otras casi 300 personas.

López, quien aspiraba a la Alcaldía Mayor de Caracas presentó en 2008 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso de su inhabilitación. El ex alcalde, como consecuencia de dos sanciones administrativas impuestas en el año 2004 por la Contraloría General, fue inhabilitado en 2005 para el ejercicio de cargos públicos por los periodos de 3 y 6 años, respectivamente.

En una audiencia en la CIDH, López defendió su inocencia en los casos de presunta corrupción y aseguró que la inhabilitación "se materializó en 2008 taxativamente" con su intento de inscribir su "candidatura en el registro del Consejo Nacional Electoral".

Señaló que tanto la Constitución venezolana como la Convención Americana establecen que para una inhabilitación "se requiere una sentencia penal en firme". López afirmó que nunca fue sometido a un proceso penal y al no haber una condena, la inhabilitación "es absolutamente ilegal". Sostuvo que “existe una clara evidencia de que en Venezuela, el Estado Venezolano en su conjunto, está cada vez más al margen de los derechos humanos”.

"Hoy quedó claramente establecido que lo que hizo el Estado es (aplicar) una sanción administrativa con interés político. Con una motivación netamente política sacó de la contienda electoral a 277 venezolanos", enfatizó el líder opositor.

Si no hubiera sido inhabilitado, "el día de hoy sería alcalde metropolitano de Caracas", ya que gozaba de "un respaldo amplio que fue restringido por la inhabilitación política", aseguró López.

"Espero que se haga justicia en este caso, por la inhabilitación mía y del resto de afectados, pero también por el futuro y la salud de la democracia de nuestro país y de la región", manifestó.

Subrayó que "una inhabilitación administrativa no puede ser nunca un mecanismo para sacar de la contienda electoral a una persona". "Si permitiéramos eso (...) estaríamos violando la regla de oro de una democracia que es que deben existir elecciones libres y justas en un entorno competitivo", añadió.

Por su parte, la delegada del Gobierno venezolano, Mónica Misticchio, de la Contraloría, defendió la actuación del Estado, y dijo que el caso de López "carece de fundamento jurídico", ya que se actuó "legítimamente al declararle su responsabilidad administrativa e inhabilitarle".

Rechazó además que se trate de una inhabilitación política, como alegó López en varias ocasiones durante la audiencia, y dijo que "eso es absolutamente falso", dado que la medida "se circunscribe únicamente al ejercicio de funciones políticas", por lo que López ha podido votar y formar parte de un partido político.