SWAPS

Empiezo por la reunión del G20. ¿Qué se resolvió?

Básicamente, que los países que pueden aumentar el gasto público, para compensar la caída del gasto privado, lo hagan. (Esto es los países desarrollados, o los emergentes con ahorros fiscales importantes o reservas para gastar). Y aumentar los fondos disponibles de los organismos multilaterales, especialmente el FMI, para prestar a los países muy pobres, o a los emergentes que no tienen acceso al mercado de capitales o están sufriendo una fuga especulativa, derivada de la crisis global y no de sus políticas internas.

En otras palabras, los ricos y los que pueden gastan y aportan fondos para que, via el FMI, se le preste a los pobres y a los emergentes con buenas políticas que hoy no son sujeto de crédito por el mundo y no por ellos. Además, hubo compromisos de empezar a re regular el mercado de capitales y de impedir que se entre en una sucesión de devaluaciones competitivas y disrupciones del comercio mundial. El resto, fuegos artificiales,  para incluir palabras en las que cada uno se sintiera representado. ( “Eso lo dije yo”, “esa coma es mía”). Y una “comisión internacional”, para variar.

¿Sirve todo esto?.

Primero, no está claro si la coordinación internacional incluye la “monetización” del aumento del gasto, al estilo de la FED, la Banca de Inglaterra o el Banco de Japón. O si se hace, en parte, con nueva emisión de deuda pública, mientras el Banco Central Europeo “lo mira por TV.”.

Segundo, y perdón por la insistencia, si esta es una crisis de sobreendeudamiento, el gasto público  le puede poner un piso a la recesión, y a la caída en el valor de los activos, pero no puede cambiar, mágicamente, la relación activos/pasivos de los consumidores, en especial los norteamericanos, y sus ganas actuales de ahorrar, en vez de consumir.

Este es un tema de “valuaciones” (ya se están cambiando las normas contables al respecto, al menos en USA, para mejorar las ganancias contables de las entidades financieras) y es un tema de la subasta de activos tóxicos que debería empezar dentro de poco, con el Estado norteamericano fondeando. Y, a partir de allí, ver como queda el valor de los activos y cuánta deuda se cancela, y cuánta se licúa, de alguna manera. Digerir todo esto llevará tiempo, y hasta es posible cierta recuperación, en el medio, de los precios de ciertos activos y ciertos commodities. Pero, por ahora, este es un proceso lento y difícilmente se pueda volver al paraíso de apalancamiento de unos años atrás.

¿Y para la Argentina? La Argentina, claramente, ya no calificaba antes de la crisis para recibir crédito internacional, por todos los temas pendientes que tiene con la comunidad financiera internacional, de manera que tampoco califica ahora para recibir fondos frescos, salvo los muy automáticos, como la nueva emisión de DEGS del Fondo que le aportarán unos 2500 millones de dólares. (Curioso el Fondo va cambiando su condicionalidad, y nosotros vamos cambiando nuestras “macanas” para estar siempre sujetos a la condicionalidad del Fondo).

El swap chino mejora nuestra liquidez internacional en divisas, para enfrentar una eventual corrida fuerte contra las reservas y lo mismo sucederá si hay un swap de la FED. (En la práctica, en el Balance del Central hay un activo internacional convertible en dólares, bajo ciertas condiciones, y en el pasivo una emisión de pesos en poder del Banco Central Chino, y de, eventualmente,  otros bancos centrales, a rescatar al vencimiento, con la moneda original).

Pero lo cierto es que la Argentina tiene ahora, un problema de dólares para hacer frente a pagos de deuda y atender la demanda de dólares de los ahorristas en plena etapa preelectoral. Y tiene, además, un problema de pesos, para pagar un gasto público mayor. Los swaps podrían arreglar lo primero, pero lo segundo, lo soluciona una devaluación.

Me explico, la Argentina de los últimos años ha sufrido un cambio estructural en el tamaño y composición de su gasto público. Y digo estructural, porque los aumentos verificados en el mismo no responden a una cuestión del momento, transitoria, si no a un claro cambio de paradigma en materia de bienes públicos. En efecto, el primer cambio sustancial ha sido la incorporación de más de 1800000 jubilados nuevos, en el marco de una generosa moratoria previsional. Lo que se decidió, entonces,  fue incrementar la cobertura jubilatoria a quienes, por distintas razones, no hicieron pagos previos en forma regular al sistema.  Esto produjo una explosión del gasto en pensiones y jubilaciones a cargo del Estado Nacional. Gasto ya presionado por la justicia que reclama la no licuación inflacionaria de dicho gasto o, al menos, un ajuste periódico, en línea con la evolución de los salarios. (más el pago de los desajustes acumulados).

Otro cambio estructural importante en el gasto público argentino, también en el rubro jubilatorio, surge, obviamente, de la estatización del sistema de capitalización que regía hasta fines del año pasado. Si bien este rubro, por ahora, tiene “financiamiento propio” derivado de los aportes de los trabajadores en actividad, hay que recordar que ya un 50% de los pagos del ANSES dependen de impuestos generales y no de los impuestos sobre la nómina salarial de empleados y empleadores, de manera que la estatización soluciona cuestiones de corto plazo, pero incrementa los gastos de largo.

Otro cambio cuantitativo y cualitativo en el gasto público han sido las estatizaciones de varias empresas de servicios públicos, antes con financiamiento privado –Aerolíneas Argentinas, Fábrica Militar de Aviones, Correo, etc- cuyos déficits operativos o de inversión –de existir- ahora son parte del gasto público. Lo mismo sucede con la inversión de las empresas de servicios públicos que siguen siendo, en teoría, privadas, pero que, en la medida que los contratos no han sido integralmente renegociados y los precios de sus servicios responden a decisiones arbitrarias, financian las inversiones, en general, desde el sector público, bajo diversos fondos y fideicomisos.

A su vez, los mecanismos de intervención en varios mercados, han devenido en un aumento importante de los gastos en forma de subsidios a sectores del consumo y la producción (sólo parcialmente compensados por los tarifazos de estos meses en electricidad y gas, o cambios en las exportaciones agropecuarias).

En síntesis, el gasto público nacional no sólo se ha incrementado siguiendo el ritmo del aumento nominal de la economía, sino que creció de manera estructural por cambios en las decisiones de cobertura previsional, intervención en los mercados de bienes y servicios, y estatizaciones varias.

¿Pero que pasó con los nuevos ingresos que se requieren para financiar este nuevo gasto?. Una parte también tiene características estructurales –estatización de las AFJP, nuevos fideicomisos con las tarifas de servicios públicos- Pero otra parte ha sido meramente coyuntural, en especial, los impuestos al comercio exterior basados en precios extraordinarios, o el incremento de la recaudación impositiva, fundada, exclusivamente, en el ciclo económico positivo.

Dicho de otra manera, los gastos están aumentando “para siempre”, mientras que los ingresos aumentaron “por un ratito”. De manera que el gobierno K. se autogeneró, por su propia política, un problema fiscal que sólo puede resolver inventando impuestos nuevos o …devaluando. Porque la devaluación le permite recaudar más pesos, por los mismos dólares de los impuestos a la exportación y, de esa manera, reducir el esfuerzo fiscal en pesos.

 Puesto en estos términos, queda claro que los dólares que se están consiguiendo para engrosar las reservas líquidas solucionan un  problema de liquidez en dólares, si lo hubiere, o hasta permitirían pagar deuda en dólares, pero no solucionan el problema de fondo: el gasto público primario –antes del pago de deuda- medido en dólares ha crecido estructuralmente en la Argentina, de manera que sólo una devaluación lo vuelve a sus valores “financiables” de largo plazo. A menos que se haga una verdadera reforma fiscal o se revierta parte del estatismo de los últimos años –con nuevos contratos con el sector de servicios públicos, y cambiando todo el esquema de intervención en precios y producción agropecuaria, por ejemplo-.

A este panorama hay que agregarle la situación estructural previa del gasto provincial, licuado en los últimos años por el atraso salarial, pero que ahora está volviendo con todo.

La administración K. le sumó al problema estructural del gasto provincial, que ya venía de la década del 90, el problema estructural del gasto nacional. Y confirmó, además, una dinámica peligrosa. O el gasto se financia a golpes de suerte en los precios internacionales de lo que vendemos, o se financia a golpes de devaluaciones periódicas que permitan volver todo a los valores originales. ¿Pero no era esa la vieja política, sólo interrumpida cuando los golpes de suerte eran reemplazados con golpes de endeudamiento?

Por lo tanto, no hay reservas del Banco Central que alcancen. A menos que el gobierno esté dispuesto a vender dólares para pagar salarios y jubilaciones. Y al momento de devolver los swaps, hacer un nuevo default.

Perdón por la idea.