Rosales considera que es un perseguido político

Barboza indicó que tomaron la decisión en consenso del partido, en vista de que consideran que el burgomaestre de Maracaibo no se puede presentar ante un Tribunal "convertido en instrumento de persecución política".

La audiencia preliminar por un caso de presunta corrupción contra el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, fue diferida para el 11 de mayo después de que el líder opositor no se presentara a la sesión programada para este lunes, informó su abogado Morris Sierraalta.

El aplazamiento se produce luego de que Rosales decidiera no acudir a la audiencia a la que estaba convocado y sus aliados anunciaran en una rueda de prensa que tramitan un asilo político en un "país amigo" a su favor.

Omar Barboza, presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), fundado por Rosales, señaló que la comparecencia del alcalde ante una corte de Caracas "sería un sacrificio inútil", dadas las "evidencias" de que el juicio en su contra está "amañado".

Además, anunció que el líder opositor se dirigiría al país en las "próximas 48 horas".

Sierraalta denunció, a su vez, "irregularidades" en el proceso que van desde el momento en que el imputado fue trasladado de Maracaibo a Caracas, hasta la entrega incompleta del expediente a la defensa.

Poco antes, otro de los abogados defensores de Rosales, Álvaro Castillo, indicó que la representación legal del líder opositor pidió que la jueza de la causa se inhibiera de seguir al frente del caso, tras conocerse una denuncia del diputado Ismael García.

García, del partido opositor Podemos y antiguo aliado del presidente Hugo Chávez, mostró un documento que atribuyó a la corte caraqueña, en el que se ordena encarcelar al alcalde.

Eso se produjo cuando aún no había transcurrido la hora para la audiencia preliminar donde la jueza decidiría sobre el asunto, sostuvo.

Rosales fue acusado en marzo pasado por la Fiscalía de presunto enriquecimiento ilícito en el período 2002-2004, cuando era gobernador del estado occidental de Zulia, un delito que acarrea penas de entre tres y diez años de cárcel.

El mandatario venezolano anunció en varias ocasiones su intención de encarcelarlo tras acusarlo no solo de corrupto, sino también de tener relaciones con el "narcotráfico y los paramilitares".