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Mazazo de la Justicia a la Junta de Andalucía por el 'caso Malaya'

Primicia informativa: un auto del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres Segura, que instruye el Sumario de la ‘Operación Malaya’, propina un tremendo mazazo a la Junta de Andalucía, a la que le adjudica cierta responsabilidad en todo lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Marbella.

Aunque el Auto del juez Torres tiene fecha de 28 de noviembre de 2006, no se ha conocido hasta ahora, dado que en parte se mantiene el secreto de sumario. El Auto en cuestión fue firmado por el juez para rechazar el recurso presentado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía contra una decisión anterior de este mismo juez de no admitir como acusación particular en la ‘Operación Malaya’ a la Junta que dirige el socialista Manuel Chaves.

La Junta pretendía personarse en la causa ostentando la condición de perjudicada.

Ahora bien, en sus Fundamentos Jurídicos el juez Torres afirma que “se centra el recurrente pues en sus argumentos en que la Junta de Andalucía ostentaría la condición de perjudicada, pero después de leer el recurso, no cabe sino descartar tal condición, y la posición de la propia Junta se asemeja más a la de tener un cierto grado de responsabilidad en la situación creada en Marbella, en atención a las amplias competencias y facultades que ostenta y que se dicen vulneradas, que en perjudicado por la misma”.

Mazazo monumental y explícito, pues, del juez a la Institución dirigida por Manuel Chaves. Abunda aún más el magistrado: “No pueden invocarse perjuicios relativos a delitos en general, a los que son objeto de otros procedimientos penales en los que deberán reclamarse los mismos, de procedimientos contenciosos para los que existe la condena en costas, ni de responsabilidades políticas carentes de relevancia en el proceso penal, ni desde luego pueden hacerse repercutir en los imputados que la Junta de Andalucía no haya podido, sabido o querido ejercer sus competencias en materia de urbanismo dando lugar a la situación actual”.

En este Auto que, como decimos, no tiene desperdicio, el juez Torres desmonta todos los argumentos de la Junta, tales como su alegación de que la misma Institución tuvo que asumir las potestades en materia de Planeamiento, con la creación de la oficina de Planeamiento y los gastos derivados del contrato de consultoría, asistencia y servicios para la redacción del Plan General, por lo que se considera perjudicada.

Pero, frente a ello, el juez marbellí alega que “en ningún caso, los imputados tendrán en el caso de ser condenados, que hacerse cargo de los gastos de la oficina del plan general, lo que permite negar que la Junta tenga la condición de perjudicado. Menos aún puede ser perjudicada por la firma de un convenio en el año 2.004, firmado precisamente con los que ahora son imputados en la presente causa”

La Junta, “responsable civil”

Pero es en este punto en el que el juez del ‘caso Malaya’ pega más duro a la Junta de Manuel Chaves. Y lo hace de la siguiente manera: “La Junta firma un convenio con los anteriores responsables del Ayuntamiento, entre los que obviamente se encontraba el señor Roca que era la persona que claramente mandaba en el Ayuntamiento, convenio para la elaboración del plan, y ahora se pretende ser perjudicada por el propio convenio firmado con los imputados, cuando es obvio que en relación al mismo, y después de todas las vicisitudes ocurridas en el urbanismo en Marbella, de todos los procedimientos penales o civiles, la misma responsabilidad deben tener los imputados como la propia Junta en la firma del citado convenio, de forma que la propia Junta sería a la vez responsable y perjudicada por el convenio firmado con los ahora imputados”.

Pero es más: para el juez Miguel Ángel Torres la Junta de Andalucía no sólo no tiene la condición de perjudicada en este procedimiento, “sino que en atención a sus amplias competencias en particular en materia de urbanismo, su situación esta más próxima al responsable civil conforme al art. 121 de la L.E.Cr. e incluso con una posición que se aproxima conceptualmente al participe a título lucrativo del art. 122 como beneficiario de los ingresos tributarios de todas las licencias ilegales concedidas hasta las detenciones en la presente causa”.

Sigue existiendo secreto de algunas partes del sumario, pero avisamos que, cuando se levanten, habrá muchas más sorpresas.

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