La Justicia argentina ordenó un embargo sobre bienes de la constructora sueca Skanska
El monto del embargo es de 17,3 millones de pesos (4,6 millones de dólares) en el marco de una causa por el presunto pago de sobreprecios al Estado.
El juez federal Norberto Oyarbide dispuso el embargo a la firma sueca para contar con los fondos suficientes en caso de que Skanska sea condenada en este caso, según confirmaron fuentes judiciales citadas por el diario Clarín, en su edición de este domingo.
La Oficina Anticorrupción había solicitado el embargo al juez Oyarbide, quien investiga el pago de sobreprecios al Estado en el marco de una licitación para ampliar el Gasoducto del Norte durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).
El juez investiga además si el pago de esos sobreprecios, calculados en unos 17,3 millones de pesos (4,6 millones de dólares), idéntico al monto del embargo, esconde el pago de sobornos a funcionarios públicos.
"Podría presumirse que la firma Skanska habría recibido un beneficio espurio aproximado en orden a los 17.323.926,46 de pesos, cifra que servirá de sustento para establecer el monto de la medida cautelar", señala la resolución del juez, citada por Clarín.
Las obras de ampliación del gasoducto fueron dirigidas por Transportadora Gas del Norte (TGN), de capital argentino, francés y malayo, con la administración de la firma financiera estatal Nación Fideicomisos y la organización del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la Secretaría de Energía y el Ministerio de Planificación.
La investigación de este caso empezó a fines de 2006, cuando la casa matriz de Skanska admitió "irregularidades" en el pago de impuestos de su filial argentina, lo que dio lugar a un proceso por evasión tributaria y luego a otro por cobro de sobreprecios y presuntos sobornos.
La compañía sueca cesó de inmediato a directivos y empleados de su filial en Argentina y varios de ellos terminaron procesados por evasión tributaria, que fue cometida por medio de facturas de empresas fantasma.
Un tribunal de apelaciones de Buenos Aires declaró la nulidad jurídica de grabaciones en las que dos ejecutivos de Skanska hablaban del pago de sobornos a funcionarios públicos.
En 2007, la difusión de esas grabaciones por la prensa obligaron al Gobierno de Kirchner a cesar a los directivos de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, y del Enargas, Fulvio Madaro.
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