Zuloaga pide enjuiciar al ministro El Aissami

El "antejuicio de mérito" es un procedimiento especial establecido para los altos funcionarios públicos, que sirve para que el Supremo determine si existen "méritos" o causas para iniciar un juicio en su contra.

Zuloaga, que afronta investigaciones judiciales por la presunta comisión de los delitos de "usura genérica" y "daños ambientales", argumentó que en una reciente rueda de prensa El Aissami lo llamó "mafioso, ladrón, acaparador", por lo que busca demandarlo por "difamación e injuria".

"Ese señor no puede, en la investidura de ministro, salir a insultar a un ciudadano y calificarlo (...) como a él le dé la gana. Aquí estoy yo en nombre propio y de los ciudadanos venezolanos exigiendo respeto", declaró Zuloaga en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Por su parte, el ministro dijo que no le preocupa la solicitud presentada por Zuloaga ante el Supremo y opinó que la acción del empresario opositor revela que el Gobierno "revolucionario" al que representa "va por buen camino".

"Además de tracalero (estafador) y mafioso, todavía él tiene la desfachatez de ir a denunciar a un ministro por demostrar que es mafioso", añadió El Aissami, según la prensa local.

Zuloaga es investigado por la Fiscalía por supuesta "usura genérica" debido a que, en una de sus residencias en Caracas, fueron hallados 24 autos nuevos de dos distribuidores de vehículos de su propiedad.

El presidente de Globovisión, cadena de noticias acusada por el Gobierno de Hugo Chávez de "terrorismo mediático", también enfrenta un caso por supuestos "daños ambientales" por poseer cabezas de animales disecados como trofeos de caza.

Globovisión enfrenta tres indagaciones administrativas abiertas entre noviembre y mayo pasado por el ente regulador de las telecomunicaciones (Conatel).

Esos procesos pueden acarrearle desde su cierre temporal hasta la revocación de la concesión para transmitir, que otorga el Estado como administrador del espectro radioeléctrico.

También le han sido impuestas dos multas que suman casi 2,5 millones de dólares por parte de la oficina tributaria Seniat y la Conatel, acciones que fueron incluidas por el director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, en el "terrorismo fiscal" contra la cadena para propiciar su colapso operativo.