Ecuador demanda al ex propietario del Banco del Progreso

El gerente general de la AGD, Carlos Bravo, presentó la demanda en la Corte de Justicia de la provincia de Guayas en la que solicitó "disponer el concurso de acreedores y dictar las medidas preventivas previstas en la ley hasta por la suma de 1.000 millones de dólares", informó Radio Quito.

También se pidió la prohibición para que Aspiazu se ausente del país y el impedimento para realizar actos de comercio, entre otras restricciones.

En el año 2002, Aspiazu fue sentenciado a cumplir una pena de reclusión por el delito de peculado derivado de los hechos que motivaron el cierre del Banco, lo que obligó a que este pasara a ser administrado por la AGD.

En la misma sentencia se dispuso que cubriera el pago de costas, daños y perjuicios y en posterior liquidación se determinó que el monto a pagar era de 888 millones de dólares, "suma que hasta la actualidad no ha sido cubierta", explicó la emisora.

Ese año la AGD también se incautó las acciones de diario El Telégrafo y las Empresas Eléctricas de Guayaquil (Emelec), formadas con fondos de Banco del Progreso, cuyo presidente era Fernando Aspiazu.

El diario se ha convertido ahora en el primer periódico público del país.
El ex banquero estuvo preso entre julio de 1999 y diciembre de 2006, por haber sido encontrado culpable de delitos financieros.

Un grave problema de liquidez registrado en 1998 en el Banco del Progreso desató una crisis general del sistema financiero ecuatoriano, que se extendió hasta 1999, cuando el Estado intervino una veintena de bancos privados.

Varios bancos fueron liquidados, otros fueron reestructurados y algunos pasaron a manos del Estado, en un proceso de saneamiento que le costó al erario nacional más de 8.000 millones de dólares.

Aspiazu, en su momento, afrontó más de 200 juicios, pero esa cantidad de procesos quedaron solo en diez y en uno de ellos, por malversación, fue condenado a doce años de prisión, aunque posteriormente se le redujo la condena a la mitad por buena conducta.

La crisis de 1999 es considerada la peor de la historia de Ecuador y más de medio centenar de ex administradores bancarios fueron procesados, aunque la mayoría salió del país para evitar la acción de la justicia.