La pretensión del Jefe de Gabinete de Ministros de que la oposición cargue con la culpa de la “desfinanciación del Estado” si continúa reclamando el cese de impuestos inconstitucionales como las retenciones, significa pretender que los opositores le digan a sus votantes que deben seguir pagando el jubileo de un gobierno autista, que continúa la dilapidación de recursos ajenos repartiendolos entre amigos y clientes, como si el país viviera en el mejor de los mundos.
Significa, por ejemplo, decirle a los tamberos que sigan mandando vacas a sacrificio y liquidando sus tambos para poder financiar los seis millones y medio de pesos por día que absorbe Aerolíneas Argentinas en las mafias de pilotos, sindicalistas, proveedores y funcionarios, o que los caprichos del jefe de la banda gobernante, que ni siquiera es funcionario, decidirá en qué proyecto amañado agotará los ingresos confiscados a los productores a través de las retenciones.
O que los compatriotas sin trabajo o que viven en la miseria, que pagan como IVA el 21 % del precio del paquete de yerba o de alimentos básicos, deben seguir financiando los viajes semanales al Calafate de la flota de aviones presidenciales, las giras faraónicas de la presidenta para seguir haciendo papelones internacionales, o la publicidad oficial de cuanto dislate se le ocurra anunciar, como que “por primera vez en la historia argentina, con un salario mínimo se pueden comprar 518 kilogramos de pan” (la presidenta debería decir en qué panadería consigue el kilo de pan a $ 2,70).
¿Qué es, entonces, “desfinanciar el Estado”? ¿Pretender que el 28 de junio los argentinos han avalado este rumbo? ¿Pedir a la oposición que olvide a sus votantes y traicione su mandato, expectativas y esperanzas? ¿No advierte el Jefe de Gabinete que de esta forma está sugiriendo que no quede nada en el país para canalizar la protesta de más de siete cada diez compatriotas, ansiosos que este tobogán se detenga? ¿qué es más destituyente, “desfinanciar el Estado” que pretende continuar su despilfarro, o seguir desfinanciando a los argentinos para poder financiar los dislates de la banda que gobierna?
En rigor, el mayor peligro del proceso político social, hoy por hoy, es exactamente el inverso. Cualquier “entente” que no marque con claridad las posiciones, podrá ser leída por los ciudadanos como que se ha recompuesto la complicidad política entre todos los gestores públicos, los votados en el espacio oficialista y en el espacio opositor. Y la consecuencia de esta lectura sería fatal para todo el sistema, porque si los ciudadanos sienten que quienes han votado para frenar al kirchnerismo no cumplen cabalmente con sus expectativas, la consecuencia inexorable será la pérdida de confianza no ya en el gobierno, sino en todo el sistema. El peligro de la reedición del “que se vayan todos” estará a la vuelta de la esquina.
Ningún argentino en su sano juicio desea una ruptura del orden institucional, pero muchísimo menos desean el quiebre definitivo del país. La única actitud que justificaría un respaldo opositor parlamentario sería la conformación de un gobierno de verdadera unidad nacional con un gabinete de base parlamentaria que ejecute un programa de bases programáticas mínimas concertadas para sortear la emergencia entre los principales partidos políticos argentinos.
Un acuerdo de adhesión por el que la oposición sostuviera la actual línea de gobierno nacería con el signo de la doble deslealtad. Hacia el sistema político, que dejaría al país sin opciones ante el fracaso. Y hacia los ciudadanos, que se verían una vez más burlados en su pronunciamiento electoral.
El reclamo es, entonces, un “cliché” inconsistente. Sería dificil encontrar un argentino que reste su apoyo a un Estado que desarrolle una acción social desclientelizada, que garantice la seguridad, que sostenga la educación y que cumpla con el servicio de salud al alcance de todos. Pero lamentablemente, no se trata de eso. La pobreza y la exclusión han aumentado durante la gestión kirchnerista como pocas veces antes, tanto como se ha deteriorado la educación popular y han crecido las enfermedades de la pobreza.
Por el contrario, se trata de seguir transfiriendo ingresos, a través del Estado, a empresarios amañados, a aparatos clientelares mafiosos o cuasimafiosos, a aventuras empresariales que esconden mecanismos de corrupción, a groseros enriquecimientos patrimoniales, al orgiástico despilfarro de quienes han olvidado las obligaciones éticas del poder. Ese es el “Estado” cuyo “financiamiento” el Jefe de Gabinete pretende que la oposición apoye.
Comience el gobierno con sus deberes. Termine con la corrupción. Abra sus archivos a las investigaciones por enriquecimiento ilícito. Pare los gastos superfluos. Asuma un comportamiento austero. Termine con sus aventuras dispendiosas y ocurrencias faraónicas. Entienda que está administrando fondos ajenos y que debe dar el ejemplo. Muestre con hechos que ha terminado el festival irresponsable de trenes bala, de transferencias discrecionales, de subsidios sin límites, del versallesco vestuario presidencial pagado con fondos públicos, de la despreciable utilización clientelista de los dineros aportados por los contribuyentes. Recién entonces podrá reclamar a la oposición el respaldo político para financiar el funcionamiento, consensuado, transparente y eficaz, de un Estado que le sirva a los argentinos.
Mientras, cada impuesto, cada gasto, cada partida, deberá ser desmenuzado uno a uno en el Congreso, como lo establece la Constitución, en un debate abierto a la luz de la opinión pública y deberá ser decidido, tal lo ordena la carta magna, por una ley de la Nación.
Si (
No(
