Trascendentales cambios en la educación chilena

La iniciativa, enviada al Parlamento este martes, tiene entre sus principales objetivos terminar con la discriminación, desterrar el lucro en los establecimientos educacionales y garantizar la calidad de la enseñanza, destacó la mandataria durante el acto de firma.

“Dotará -subrayó- de legitimidad a una normativa nacida del autoritarismo y lejana a las necesidades de muchos sectores” y la definió como “un compromiso con nuestras profundas convicciones republicanas”.

"En democracia una ley debe su legitimidad a la soberanía popular, y la actual LOCE claramente no cuenta con esa legitimidad", afirmó.

El proyecto surgió del trabajo de una comisión especial de 81 miembros designada por Bachelet en julio del año pasado, en medio de la llamada "Revolución de los pingüinos", protagonizada por los estudiantes secundarios.

Centenares de miles de estudiantes secundarios ocuparon sus colegios durante semanas en el invierno austral y protagonizaron cotidianas y masivas protestas callejeras en demanda de la derogación de LOCE y su reemplazo por una normativa más democrática.

El cumplimiento de un compromiso

La situación derivó en una crisis que obligó a Bachelet a reemplazar a varios ministros, entre ellos el de Educación, sólo cuatro meses después de haber comenzado su mandato. Los estudiantes no sólo lograron que el gobierno cediera a sus demandas, sino que estuvieron representados en la comisión que elaboró la propuesta presentada este lunes.

"Aquí se vierten las ideas y el aporte de muchos. El año pasado abrimos un diálogo. Muchos dijeron que iba a ser un desastre, sin embargo creo que fue fructífero y necesario", destacó hoy a ese respecto la presidenta Bachelet.

El proyecto, se dijo en La Moneda, constituye el cumplimiento de un compromiso adquirido por la propia Presidenta ante el país y la comunidad educativa.

La nueva norma, junto con modificar la estructura burocrática del sector, establece criterios y condiciones que impiden a los establecimientos educacionales discriminar por motivos académicos, religiosos, sociales o de otro tipo en el momento de seleccionar a sus alumnos.

Otro cambio radical es que sólo podrán ser "sostenedores" (administradores) de colegios particulares subvencionados las corporaciones municipales o fundaciones sin fines de lucro, dedicadas exclusivamente a la enseñanza.

Esta medida busca terminar con una multitud de empresarios privados que regentaban colegios buscando optimizar sus beneficios, en detrimento de la calidad de la educación.

El proyecto establece además una rendición detallada del uso de los fondos recibidos cada año por los sostenedores.

Durante la ceremonia, Michelle Bachelet destacó que el proyecto busca "dotar de validez democrática a una ley que regula uno de los ámbitos más importantes de la actividad humana".

Subrayó además que la gestación de la norma "representa una manera de deliberar sobre políticas públicas de la cual me siento orgullosa, porque es el resultado de un amplio y representativo proceso de discusión".

Destacó asimismo que con la nueva ley "se eliminarán resabios autoritarios y se fortalecerá la inclusión social, que es uno de los sellos de mi Gobierno".

Reacciones diversas

Apenas se conoció la iniciativa se inició en el país una tensa polémica. Los medios de comunicación entrevistaron a profesores y especialistas, muchos de los cuales se pronunciaron a favor de la iniciativa, pero otros rechazaron la idea de terminar con el lucro en la educación.

El presidente de la agrupación que representa a los colegios particulares subvencionados por el Estado, Rodrigo Bosh, opinó que “este es un cambio en las reglas del juego después de 150 años”. Agregó que la idea no se relaciona para nada con la calidad de la educación.

Por su parte, el Presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, y los representantes de los estudiantes, se manifestaron de acuerdo con las ideas señaladas por la mandataria, pero dijeron que antes de un pronunciamiento oficial debían estudiar con cuidado el proyecto.