Rajoy y el PP siguen con su 'guerra' por el espionaje y el presidente popular no desaprovecha la ocasión y también insiste en la existencia de una campaña contra su partido, por lo que considera que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero es igualmente culpable: "cuando menos, deja hacer a los Torquemadas de turno, y quien deja hacer, se convierte en cómplice". Por su parte, la secretaria general del PP y 'número dos' del partido, María Dolores de Cospedal, no le va a la zaga y asegura que muchos miembros del PSOE y muchas personas que pertenecen al Gobierno saben que "son verdad" las supuestas escuchas ilegales sufridas por algunos 'populares'.
"No decimos nombres porque no tenemos por qué decirlos, porque desde el momento en que se ha hecho una denuncia y también una judicial, son los órganos jurisdiccionales los que tienen que investigar", argumenta la dirigente popular, De Cospedal subrayó que el Partido Popular ya se ha expresado sobre este asunto "con claridad", por lo que ahora "quienes tienen que actuar son aquellos que tienen que defender la legalidad del Estado de Derecho en todos sus ámbitos", en concreto, los tribunales donde el PP presentó la denuncia.
Pero precisamente en relación con los tibunales no queda ahí la cosa, pues el Partido Popular está estudiando recurrir lo antes posible ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, lo que considera una "persecución" por parte del Gobierno contra los militantes de su partido, según informaron fuentes de la dirección popular.
Entre otros argumentos, alegan que las filtraciones de sumarios, las detenciones televisadas o el espionaje a sus militantes está provocando que haya "juicios paralelos" en los medios de comunicación y que los imputados aparezcan como culpables ante la opinión pública antes de que se pronuncie un tribunal. En este sentido, argumentan que precisamente sobre el asunto de los "juicios paralelos" ya se ha pronunciado en alguna ocasión el citado Tribunal Europeo.
Precdentes europeos y del CGPJ
En una de esas ocasiones en las que el Tribunal de Estrasburgo ha abordado este asunto, la Corte advirtió del peligro que supondría que la sociedad "se habituara al espectáculo de los pseudo-juicios en los medios de comunicación", ya que a largo plazo, esto podría traer "consecuencias nefastas para el reconocimiento de los tribunales como los órganos capacitados para determinar la culpabilidad o inocencia" de un acusado en un proceso penal.
Así lo expone, por ejemplo, en el caso Sunday Times contra Reino Unido en 1979 y más recientemente en la sentencia del caso Worm contra Austria del 29 de agosto de 1997, en la que Estrasburgo avaló el dictamen del Tribunal de Apelación austriaco, que condenó al periodista Alfred Worm a una multa por "influencia abusiva en un procedimiento penal".
Worm, que recurrió a Estrarburgo al considerar violado su derecho a la libertad de expresión, expuso en un artículo de prensa juicios de valor negativos sobre las respuestas dadas por un acusado (un ex ministro de Finanzas inculpado por fraude fiscal) en el curso de un interrogatorio practicado por un juez con el fin de argumentar que la "única hipótesis posible" era su culpabilidad, unos meses antes de que se conociera la sentencia.
Las fuentes populares también expusieron que esta cuestión de los "juicios paralelos" ya fue abordada también varias veces por el Consejo General del Poder Judicial. Así, las fuentes consultadas recuerdan dos pronunciamientos del CGPJ a este respecto.Uno de ellos se produjo en enero de 1995 y en él, el Consejo expresaba "sin ambages su criterio negativo acerca de los fenómenos de 'juicios paralelos', que no sólo pueden lesionar legítimos derechos, sino también contrariar la independencia del quehacer judicial y empañar la imagen social de la Justicia".
Un segundo pronunciamiento que del CGPJ tuvo lugar en julio de 1997, cuando aseguraba en un informe que el Consejo "en consonancia con lo declarado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha de manifestar su preocupación ante el riesgo de que la serena Administración de la Justicia pueda verse perjudicada, creándose una grave confusión y falsas expectativas en la opinión ciudadana, cuando los intervinientes en un proceso se ven sometidos en los medios de comunicación a un pseudo-juicio o juicio paralelo sin garantía alguna".
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