El documento asegura que la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López, recibió en audiencia privada a la funcionaria, quien puso en conocimiento a la institución sobre las amenazas de muerte que ha recibido.
El anuncio del entre judicial coincide con la apertura de la última etapa del juicio a Plazas, que comparece ante el Juzgado Tercero Especializado de Bogotá, del que es titular Jara, por los hechos ocurridos tras la llamada re - toma guerrillera del Palacio de Justicia por parte del Ejército Nacional.
De ser hallado responsable de los cargos que se le imputan, Plazas, quien actualmente es atendido en el Hospital Militar Central de Bogotá y es custodiado por un fortín policial, puede enfrentarse hasta a 40 años de prisión.
Un poco de historia
El 6 de noviembre de 1985, a las 11:40 de la mañana, integrantes del grupo guerrillero Movimiento 19 de abril, M -19, se toman la sede del Palacio de Justicia en Bogotá. Inmediatamente el Gobierno de Colombia, en cabeza del entonces presidente, Belisario Betancur, anuncia que no negociará con el grupo guerrillero y moviliza a integrantes del Ejército Nacional, la Policía Nacional y Organismos de Seguridad del Estado para que restablezcan el orden.
Tal acción de las fuerzas militares colombianas que es popularmente conocida como la re –toma, y que incluyó el uso de tanques de guerra blindados, disparos a “diestra y siniestra", por parte de ambos bandos, y cerca de 28 horas de conflicto, terminó con un saldo de casi un centenar muertos entre civiles militares y guerrilleros, y 11 desparecidos.
Durante años, los familiares de las víctimas pidieron al Gobierno que se responsabilizara por la masacre, por cuanto en su momento éste no había encaminado sus esfuerzos hacia la vía del diálogo con el fin de no cobrar vidas, sino que al contrario, había ordenado al recuperación del Palacio a “sangre y fuego” permitiendo la muerte de una considerable cantidad de personas.
Es entonces en el año 2005, 20 años después del hecho, cuando el Concejo de Estado reconoce la responsabilidad del Gobierno de Colombia en el suceso y la Fiscalía reabre la investigación para terminar con dos décadas de impunidad. De acuerdo a lo anterior, en 2007, el coronel Plazas, ya retirado, es vinculado al proceso en febrero, capturado en julio y empezado a procesar en febrero de 2008.
A la fecha el coronel Plazas aún ha dado diferentes versiones, algunas incoherentes y contradictorias, otras demostradas como falsas. Entre éstas se encuentran que los cadáveres de los desaparecidos se encontraban en el Laboratorio de Antropología Física de la Universidad Nacional, que éstos fueron llevados a la casa del Florero en Bogotá y asesinados por el Ejército Nacional y que los desaparecidos fueron ejecutados por los integrantes del M -19 en el cuarto piso de la investigación.
Por ahora, el país se encuentra a la espera de que más de 20 años después se termine con la impunidad de un crimen de Estado que terminó con la vida del presidente y la mayoría de los magistrados de la Corte Constitucional de aquella época.
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No(
