El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), ha asegurado que el Ayuntamiento ha actuado en todo momento conforme a las recomendaciones de los expertos de su asesoría jurídica en el caso Mercasevilla, donde los juristas que impulsaban el pliego de condiciones informaron en su momento de que, según su interpretación, "se cumplía la ley". En rueda de prensa, Monteseirín recordó que desde el mismo momento en que tuvo conocimiento de la existencia de una grabación en la que los ex directivos de la empresa Fernando Mellet y Daniel Ponce supuestamente intentarlo el cobro de comisiones a empresarios del Grupo La Raza -con unas declaraciones que calificó de "deleznables" y "mendaces"- dio instrucciones para que se cesara a los dos en sus cargos de responsabilidad directiva, "y así se hizo".
Si en el caso de Mellet éste dimitió antes de que se produjera el cese, a Ponce no se le comunicó su despido hasta hoy, acto que el primer edil hispalense situó en un marco "no de nombrar ni desnombrar directivos, sino de una relación laboral", en la que se inició un expediente reforzado con hechos dilucidados a partir de una auditoría "que se hizo con el voto en contra del PP". "Hemos hecho lo que en todo momento se nos ha aconsejado desde el punto de vista jurídico, y los miembros de gobierno y del Pleno actúan en base a elementos jurídicos previamente elaborados", indicó Monteseirín, quien agregó que confía en la Justicia "sin intentar condicionarla".
POSIBLE RECURSO A LA INADMISIÓN DE LA QUERELLA
En lo tocante a la no admisión a trámite por parte del juzgado de la querella interpuesta por Mercasevilla y la Fundación Socio-Asistencial Mercasevilla contra Mellet y Ponce, el regidor hispalense subrayó su "respeto" a la decisión de la jueza Mercedes Alaya y desveló que se está estudiando recurrirla, si bien "haremos lo que nos digan los expertos".
Monteseirín también expuso que la Gerencia de Urbanismo "no tiene nada que ver" en el caso, calificando este extremo de "ganas de enredar del PP", después de que el juzgado haya ordenado la revisión del servidor informático de la Gerencia tras la entrega de una CPU por parte de una técnica urbanística imputada en la causa abierta por presuntas irregularidades cometidas en el concurso público sobre el derecho de opción de compra de los terrenos de Mercasevilla.
Cuestionado sobre una posible responsabilidad política en lo sucedido, el alcalde remarcó que en ningún momento del proceso, hasta su culminación, hubo advertencia alguna de ilegalidad. "Hay responsabilidad política en personas que actúan pese a una advertencia de ilegalidad, y no es el caso", indicó, señalando que se tomaron decisiones en base a informes previos que analizan "hasta el último detalle". No obstante, añadió que "si se dice otra cosa por la Justicia tendré que actuar en consecuencia".
"En el Pleno ya dije que la discusión se está centrando en la idoneidad jurídica de determinadas medidas, pues el PP ya reconoció que no ha puesto en duda la honorabilidad de nadie del gobierno, aunque en un lugar dicen una cosa y en otro otra", especificó. Concluyó recordando que ha sido la administración la que puso el caso en manos de la Fiscalía, agregando que "somos los más interesados en que reluzca la verdad, y estamos a entera disposición de la Justicia, porque nosotros sí confiamos en el Estado de Derecho".
PONCE, POR FIN DESPEDIDO
Maymó ha entregado a Ponce su carta de despido, medida residida principalmente en su papel en los hechos investigados por el juzgado de Instrucción número seis y las irregularidades reveladas por una auditoría externa en cuanto a la gestión que protagonizaron Fernando Mellet y Daniel Ponce al frente de Mercasevilla, toda vez que ambos están imputados por la citada instancia judicial y fueron dados de baja como militantes del PSOE después de que los hechos motivasen primero la dimisión de Mellet y luego el cese de Ponce.
No obstante, el presidente del comité de empresa advirtió de que a partir de hoy, Ponce goza de un periodo de "20 días hábiles" para interponer una demanda por despido improcedente o nulo ante los juzgados de lo Social "y lo va a hacer", lo que le llevó a advertir de que el despido "corre riesgo de ser declarado improcedente" con las consecuentes "repercusiones económicas" para Mercasevilla si finalmente prosperan las acciones judiciales del ex director adjunto.
El comité de empresa, de hecho, había participado en el periodo de alegaciones del expediente disciplinario incoado contra Ponce y había reclamado a la directiva de Mercasevilla "prudencia y rigurosidad" a la hora de resolver el expediente, porque sería "difícil" obrar en lo laboral "mientras no se resuelva" la causa judicial. Así, el comité de empresa se pronunció en contra de "un despido que no goce de las debidas garantías", sobre todo porque las consecuencias de lo que ocurra "las pagarán Mercasevilla y sus trabajadores".
Daniel Ponce, cesado como director adjunto al poco de que el ya ex director de Mercasevilla Fernando Mellet dimitiera, seguía figurando en la plantilla de esta sociedad pública y, según había denunciado públicamente el PP, gozaba de un sueldo de 5.488,56 euros al mes pese a su imputación en los hechos investigados por la juez de Instrucción número seis, Mercedes Alaya.
BLANCO:"UNA ACTUACIÓN EJEMPLAR"
Por su parte, el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento,
José Blanco, calificó de
"ejemplar" la actuación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla
en el caso Mercasevilla, porque "pusieron a disposición de la justicia toda la información". En respuesta a los periodistas en la capital hispalense tras reunirse con el alcalde de Sevilla,
Alfredo Sánchez Monteseirín, Blanco afirmó que "se actuó de acuerdo a las posibles irregularidades que se detectaron
poniendo todo a disposición de la Fiscalía", al tiempo que pidió "respeto al proceso". "Tengo siempre el máximo respeto por las actuaciones de la justicia cuando son más o menos favorable para los intereses de mi partido o de una administración gobernada por mi partido", sentenció el vicesecretario general de los socialistas, quien insistió en
elogiar la actuación de las administraciones del PSOE en este caso.
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