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Caso Gürtel

Correa amenazó con difundir que la Comunidad de Madrid facturaba actos por servicios no prestados

Correa amenazó con difundir que la Comunidad de Madrid facturaba actos por servicios no prestados

El 'cabecilla' de la 'red Gürtel', Francisco Correa, ordenó al ex concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas transmitir al ex consejero de Deportes y diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, imputado en la trama, que si no pagaba los 2 millones que adeudaba el Gobierno regional a sus empresas difundiría que "la Comunidad Autónoma ha estado pagando facturas de actos del PP por la vía de pagar facturas por servicios no prestados".
Así lo reconoció el ex concejal popular durante la declaración prestada el 28 de mayo de 2008 ante la Fiscalía Anticorrupción. Peñas y el ex concejal del PP Juan José Moreno elaboraron un dossier sobre la trama corrupta que presentaron ante el Ministerio Público, destapándose así el entramado corrupto ligado a administraciones del Partido Popular.

   En su declaración, Peñas contó que Correa le hizo el encargo de ponerse en contacto con López Viejo para conseguir que la Comunidad de Madrid pagara a las empresas de Correa (Easy Concept, Servimadrid y Diseño Asimétrico, entre otras) una cantidad que adeudaba, que ascendía a unos 2 millones de euros.

   "Lo que debía decir el declarante a dicho consejero es que si la Comunidad no pagaba, se iba a difundir que "la Comunidad Autónoma ha estado pagando facturas de actos del PP por la vía de pagar facturas por servicios no prestados", recoge el sumario.

   Según el ex edil, no llegó a ver las facturas cuyo pago debía reclamar. Correa quería que Peñas fuera a ver al ex consejero en su condición de letrado, pero cuando se enteró que le quedaba una asignatura de la carrera de Derecho le dijo "que se lo iba a pensar".

   López Viejo es uno de los 64 imputados en la trama por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Se le acusa de delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad. Tras negarse a declarar, el juez le impuso el pasado 8 de mayo una fianza de 750.000 euros.

   El juez Baltasar Garzón le acusó de recibir sobornos por valor de 563.000 euros de la trama, a cambio de adjudicar a las empresas de Correa la mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
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