La propia Aguirre lo hizo oficial justo antes de enfrentarse a la oposición en el pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid, pleno en el que ninguno de los mencionados estuvo presente. "Quiero comunicarles que los tres diputados del Grupo Parlamentario Popular imputados en el caso que se ha dado en llamar Gürtel me han comunicado su decisión de abandonar el grupo desde este mismo momento. Asimismo esta decisión se la he comunicado a los ex alcaldes de Boadilla y Pozuelo, señores González y Sepúlveda, que también me han comunicado su decisión de hacer lo propio con el Grupo Municipal Popular", subrayó . Según admitió la presidenta, y tal y como les había anunciado este digital 24 horas antes, ella misma pidió a los tres diputados la entrega de sus respectivas actas a fin de que su salida del Parlamento regional -para bien de la imagen del PP y para no dar más artillería a la oposición- fuera definitiva, pero los tres se negaron: "Su decisión ha sido abandonar el grupo".
La salida de López Viejo, Bosch Tejedor y Martín Vasco del grupo del PP no significa que vayan a dejar de cobrar de la Asamblea de Madrid, "de todos los madrileños" como apuntaron PSOE e IU. Según el reglamento de Asamblea de Madrid (artículos del 39 al 43), los diputados que queden fuera de sus grupos se integrarán en el Grupo Mixto, como ya hicieron los famosos Tamayo y Sáez cuando evitaron que el socialista Rafael Simancas fuera investido presidente el 10 de junio de 2003. Como tal, cobrarán el sueldo base de diputado (36.000 euros) más el plus correspondiente si uno de ellos es portavoz lo que le permitiría llegar a unos honorarios totales de 4.500 euros al mes, o el plus de portavoz adjunto. Tendrán derecho a tener representante en las comisiones de trabajo y cobrarán por su pertenencia a éstas; podrán recibir las subvenciones oficiales para su funcionamiento (Tamayo y Sáez cobraron 20.000 euros siendo sólo dos personas) y, además, no perderán su condición de aforados, por lo que no podrán ser juzgados -sí investigados como ocurre ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid- salvo que dé el correspondiente permiso la Cámara a la que pertenecen. Aproximadamente, los tres imputados cobrarán al año 52.000 euros al año.
Ahora bien, ni si quiera la propia Asamblea tiene claro estos términos y se habla de un posible limbo legislativo. Por un lado, un grupo debe constituirse sólo hasta 40 días después de las elecciones. Si no se constituye entonces, el grupo que se cree a posteriori y que pasaría a denominarse Mixto no sería en realidad parlamentario y no tendría derecho a subvenciones o presencia en las comisiones. Esto ya se intentó en la época de Tamayo y Sáez, pero tres informes jurídicos permitieron finalmente que hubiera grupo, que fuera parlamentario y que Tamayo se sentase en la Junta de Portavoces, para indignación del PSOE y estupor del PP. La decisión, aseguran los portavoces oficiales de la Cámara, está totalmente en la mano de la Mesa de la Asamblea.
El reglamento no contempla la figura del diputado no adscrito (sin grupo, sin derecho a subvenciones ni representación pero aforado) ya que el PP no llegó a plasmar en ley el acuerdo de la Mesa al efecto tras el 'tamayazo'. De momento, el Partido Popular pasa a tener 64 diputados en lugar de 67, lo que no le impide gozar con holgura de la mayoría absoluta. Los diputados 'repudiados', que no asomaron en toda la tarde por la Asamblea -otras fuentes populares aseguraban que no volverán a ir a los plenos- perderán incluso sus actuales despachos en el edificio de grupos.
Aguirre se siente traicionada
En una escenificación perfectamente calculada, Aguirre hizo el anuncio la salida del Grupo Popular de sus imputados en Gürtel, escoltada a un lado por su mano derecha, el vicepresidente primero y portavoz Ignacio Gónzalez, y por su mano izquierda, el secretario general del Partido Popular de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia e Interior Francisco Granados. El objetivo: dar una imagen de unidad, contundencia y responsabilidad frente a la corrupción.
La presidenta defendió en su día con toda vehemencia a López-Viejo, asegurando que era totalmente inocente y que desconocía cualquier relación con las empresas de Gürtel. Aguirre, convencida por el que también era el hombre que organizaba sus actos públicos, llegó a decir que con ella a la cabeza del Gobierno no se había contratado ni adjudicado nada a la trama liderada por Francisco Correa, pero la revelación del sumario dejó en evidencia estas afirmaciones y Aguirre se siente raicionada.
La de este jueves es la actuación más contundente hasta el momento en relacion a las supuestas actividades ilegales de sorbornos y corrupción de la trama Gürtel, ya que en el Partido Popular, ya sea en Génova o en Valencia -donde la situación llega hasta el presidente Francisco Camps- no se ha llegado tan lejos. Ahora bien, también constituye para la oposición la plasmación en toda su cruda realidad de lo que ha venido denunciando: "La trama de corrupción atraviesa todas las consejerías de su Gobierno, señora Aguirre, y usted es la responsable política", dijo Maru Menéndez..
El anuncio sobre los imputados capitalizó todo el debate de este jueves en la Asamblea. Aguirre había soltado la bomba en los pasillos antes de entrar al hemiciclo pero PSOE e IU creen que el problema es más profundo. Inés Sabanés, portavoz de IU, abrió fuego sobre lo que considera una crisis en toda regla de un Gobierno que no se sostiene. "Acta, parlamento y escaño" de los diputados imputados, exigió a Aguirre porque de lo contrario, recalcó, la presidenta seguirá colocada "en el centro de la trama de corrupción".
Para Maru Menéndez, portavoz del PSOE, tampoco es suficiente porque asegura que el PP lleva meses 'bloqueando' el acceso a los contratos que las consejerías han firmado con las empresas de Francisco Correa, los mismos cuya existencia Aguirre negó. "Queremos recuperar los servicios publicos que se han llevado ustedes. Ha llegado usted hasta aquí señora Aguirre, ha pretendido amedrentar a la oposición, pero no lo va a conseguir. Estamos en un Estado de Derecho y usted tiene que asumir su responsabilidad política", advirtió.
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