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Capítulo sexto: hablaron de cargos públicos y de los entresijos de la trama

Todas las claves del informe policial sobre las 'escuchas' en prisión de Correa, Crespo y Sánchez con sus abogados

Todas las claves del informe policial sobre las 'escuchas' en prisión de Correa, Crespo y Sánchez con sus abogados

El informe policial por el cual se informa del resultado obtenido de las escuchas en prisión a Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez saca importantes temas a relucir: desde el intento de mantener la organización desde la cárcel a través de sus abogados y del ex vicepresidente de Repsol, José Ramón Blanco Balín; la búsqueda de contactos en órganos judiciales para “obtener ventaja en el desarrollo del proceso”; la expectación ante lo que pueda pasar con la documentación económica de la gestión de Pablo Crespo como secretario de organización del PP de Galicia durante cuatro años;  sus opiniones sobre el tema de los trajes de Camps en las que desvinculan al valenciano de las facturas irregulares; la fijación de Correa por achacar la rama de Valencia a “Alvarito” (El Bigotes); la contabilidad de la caja B de Serrano, el papel de Antoine Sánchez como testaferro y mucho más.
Diariocrítico está desgranando los 17.000 folios sobre los que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, levantó el secreto de sumario del caso Gürtel. En este capítulo centraremos la atención en las conclusiones policiales de las escuchas ordenadas por Garzón -ahora cuestionadas por su legalidad- de las conversaciones que mantuvieron en prisión los tres principales acusados en la trama corrupta con sus abogados y otros allegados.

Las grabaciones comenzaron a partir del 20 de febrero de 2009 y desde entonces ha quedado patente el modo en que la organización seguía viva en la cárcel. Hay que recordar que el 11 de febrero el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó el ingreso en prisión de Francisco Correa en la penitenciaría de Soto del Real y allí compartió celda con Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia y gestor de las empresas de la trama desde el 2002. La dirección del centro decidió incluirle en el Plan de Prevención de Suicidios (PPS) que obliga a que el preso esté acompañado por un interno de confianza.

El papel de los abogados

Los letrados José Antonio López Rubal y Manuel Delgado Solís, ahora imputados en la causa, se encargaron de llevar el control directo de las declaraciones de los imputados para que no haya contradicciones en sede judicial y de tratar de hacer contactos con fiscales y otros puestos vinculados a la Audiencia Nacional para intentar sacar cierta “ventaja en el desarrollo del procedimiento”, según el informe policial. Pero no sólo eso, además se encargaron de transmitir mensajes de calma a colaboradores en el exterior para aclarar que se les va a seguir ayudando para evitar “disensiones” –entre ellos, a José Javier Nombela, asesor del concejal del distrito de Moncloa en Madrid hasta que fue cesado por el propio alcalde Ruiz Gallardón el 19 de febrero- y de sustentar económicamente a la familia de Antoine Sánchez.

El abogado López Rubal habría llegado incluso a tomar un papel muy activo dentro de la organización acatando las órdenes de Pablo Crespo de mover el dinero de las empresas administradas por Ramón Blanco y de ejecutar los fondos que tiene la organización en el exterior. De hecho, el propio ex vicepresidente de Repsol es otra de las figuras clave en este aspecto porque al parecer empezó a llevar la administración de las sociedades patrimoniales de Francisco Correa sin figurar en ellas.


Valencia: desvinculación de Correa y de Camps

De las comunicaciones registradas tanto citas en persona en el sistema de cabinas instalado en el centro como llamadas telefónicas efectuadas se desprende que el tema de los trajes no puede tocar a Francisco Camps, presidente de la comunidad valenciana. Crespo asegura en una de las conversaciones que es “prácticamente imposible que haya alguna factura que especifique el nombre de Paco Camps” y que allí “cada uno pagaba lo suyo”. Reconoce, eso sí, que las facturas se incorporaban distintos pedidos e iban con cargo a la sociedad para computarlo como gasto deducible y que puede que haya conceptos falsos, pero nada más... De hecho, en la charla que mantiene Correa con los abogados José Antonio Choclán e Ignacio Peláez Márquez el 6 de marzo, el supuesto cabecilla de la trama llega a decir “vamos hombre vas a comprar a un presidente de una CCAA con una chaqueta”…

Sin embargo, el tema de los trajes no es lo único que se investiga en Valencia. Francisco Correa se desvincula de la gestión del conglomerado empresarial en dicha comunidad: “Eso es de Álvaro Pérez [el Bigotes, responsable de Organte Market en Valencia] y de Pablo Crespo”. Admite que creó la estructura en 1995, pero asegura que a continuación se quitó de en medio.

    En las conversaciones intervenidas también sale a relucir el nombre de Ricardo Costa, secretario del PP valenciano, cargo que ocupará previsiblemente hasta que sea destituido este mismo martes. Crespo habla con su abogado Pablo Rodríguez-Mourullo y le comenta que al no tener ningún cargo público el delito de cohecho difícilmente se podría probar, “salvo que demostraran que algunas adjudicaciones públicas que ha obtenido de esa empresa han sido concedidas mediante (ilegible), pero sería como colaborador y no como autor”.

Galicia: Crespo niega haber financiado al PP

En las conversaciones intervenidas también se tocó el tema de la supuesta financiación irregular del PP y aunque al referirse a la rama valenciana Crespo asegura que “nunca hemos dado nada, nosotros hemos trabajado muchísimo para el PP, pero nunca hemos dado nada para el PP, o sea que, bueno, eso lo va a tener [el juez] también complicado demostrarlo" sí reconoce que en cinco años el PP gallego dirigido por Manuel Fraga ingresó más de mil millones de pesetas. En la caja de seguridad de Pontevedra guardó toda la documentación económica de su gestión como secretario de organización del PP de Galicia y admite que va a traer cola cuando se levante el secreto de sumario puesto que había gastos del partido y una relación de ingresos y gastos sin especificar quién ingresaba. Dice que no es un problema jurídico grave, salvo lo del ejercicio del año 1999, precisamente el año en que fue apartado del partido aunque siguió ejerciendo al menos hasta 2003 de representante del PP del consejo de Administración del organismo Puertos de Galicia, dependiente de la consejería que entonces ocupaba Núñez Feijóo. Ante lo cual, su abogado, José Antonio le señala que si es un problema de financiación irregular puede conducir a un delito electoral.

Origen: el denunciante cobró durante años de Correa

Pablo Crespo relata que Francisco Correa apoyó a los dos concejales de Majadahonda que fueron expulsados del PP, refiriéndose a José Luis Peñas y José Luis Izquierdo, y les estuvo manteniendo económicamente durante dos o tres años. Estos concejales se rebelaron contra una operación urbanística que consideraban irregular, pero el caso quedó archivado por falta de pruebas. Al llevar el caso a la Justicia incurrieron en una serie de costas que ascendieron a un total de 60.000 euros y esto Correa no pensaba pagarlo. Es entonces, a finales de 2005, cuando decidió grabar todas las comunicaciones con Correa y el 6 de noviembre de 2007 lleva un dossier a la Fiscalía Anticorrupción y al Grupo Prisa.

    En una de las conversaciones Correa explica que el propio denunciante, José Luis Peñas, cobró durante años de la red: “Ahí, en el pendrive, tienen que aparecer los pagos a Pepe Peñas, cuando era concejal de Majadahonda, él cobraba, todos los meses le pagamos nosotros". Se lamenta de que haya aparecido el pendrive porque sin él cree que nada hubiera ocurrido e incluso se le ocurre estudiar la posibilidad de decir en algún momento que esa información es “un montaje” que ha hecho Izquierdo, el contable, con Peñas.

Antoine Sánchez, el testaferro

Intenta desvincularse de la causa diciendo que él no ha gestionado nada que sólo era el primo de Correa, pero el abogado le advierte de que en sede judicial es probable que le tomen por testaferro -persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona- y de hecho, en las conversaciones de Correa con Crespo se habla directamente de que es un "instrumento".  Antoine era titular de un porcentaje de capital de las sociedades patrimoniales domiciliadas en España dividido en acciones y titular de las acciones al portador de las sociedades ubicadas en paraísos fiscales o territorios no cooperantes. Todo esto, con el objetivo de que fuera el responsable de las sociedades hacia el exterior para desvincular a Correa de todas las actuaciones ya que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando en las oficinas de Balín.

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