Las filtraciones iniciales a los medios provinieron de los propios denunciantes

Las quejas y denuncias del PP sobre las filtraciones no surtieron efecto, pero, al menos, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se tomó la molestia de abrir una pieza separada al respecto. Para dar contenido a esa pieza, Garzón citó a declarar el 13 de febrero de 2009 a una de las denunciantes de la trama Gürtel, Felisa Isabel Jordán Goncet, que ejerció como administradora de Easy Concept, una de las tres principales empresas del entramado de Francisco Correa, adjudicataria de jugosos contratos con administraciones del PP. Por el papel que cumplía en esa sociedad, Isabel Jordán ya compareció como imputada en la Audiencia Nacional ante el juez Garzón.

    Pero su comparecencia del 13 de febrero era para algo muy distinto: "¿La documentación que aportó en la declaración se la ha entregado a alguien más?", le preguntó a bocajarro el fiscal. Arrinconada, Felisa reconoce que "ya la había dado hace como unos dos meses: se lo dio a Chicote, trabaja en Interviú. Ese periodista se puso en contacto con la declarante porque escribía un artículo sobre Arturo González y Tomás Martín. El periodista comentó que a él también le estaban siguiendo y se dieron las matrículas de los coches que les seguían por si eran los mismos".

     Felisa reconoce entonces que ha recibido múltiples llamadas desde múltiples medios de comunicación, pero, al igual que su abogado, Gustavo Enrique Galán Abad, que había comparecido poco antes por el mismo tema, afirma que eran los periodistas "los que les hablaban de los documentos, le han dicho que la tenían grabada, le han preguntado por el 15 % de López Viejo, lo del tema de los trajes de Camps y esta mañana le han hablado de Paula (se imagina que de Paula Seco), solo le han dado el nombre de Paula". Es decir, que alguien más pasaba papeles a los medios de comunicación para conseguir una amplia difusión de la trama Gürtel. 

¿Quién filtraba, entonces?

La verdad es que la pregunta sobre el filtrador -al menos el inicial- tenía fácil respuesta. Así se puede observar en la declaración que a las 18.30 horas del 10 de febrero -tres días antes que Felisa- hizo ante Garzón el denunciante de la trama, el ex concejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas Domingo.

    "Manifiesta que no y que ha tenido miedo en alguna ocasión. Durante los dos últimos años en que Francisco Correa ha ido a Colombia, etc. ha tenido miedo por su familia, etc. Que tuvo un problema en Majadahonda en el 2005, cuando Guillermo Ortega se fue de la Alcaldía y el declarante fue expulsado como concejal; que durante los dos últimos años ha tenido algunos contactos con algunos periodistas y ocasionalmente les facilitó alguna nota manuscrita y borradores y eso es lo que están utilizando en estos días".

    Garzón buscaba otra cosa: quizá harto de las denuncias del PP, quería saber si las filtraciones periodísticas pudiera provenir del partido de Mariano Rajoy y así dar la vuelta a la tortilla; es decir, poder restregárselo a los dirigentes de la calle Génova. "Por Su Señoría se pregunta si las filtraciones pueden venir por instancias políticas del Partido Popular, contesta [José Luis Peñas] que puede ser, que su abogado tenía determinadas notas que nunca le comunicó a quien se las entregaba y no sabe si él puede haber hecho llegar determinadas informaciones a dichas instancias".

    Sigue la comparecencia de Peñas arrojando algunos datos más: "Por el Ministerio Fiscal se pregunta al declarante si recuerda que ante la Policía declaró que las cintas las tenía sólo Ángel Galindo, porque entonces no dijo en aquella declaración si había otras personas de los medios de comunicación que tenían conocimiento de la existencia de las cintas, manifiesta que la copia de las cintas las tenía su abogado: Ángel Galindo, su compañero: Juan José Moreno, y el propio declarante. Añade que por su parte esas cintas no las ha oído nadie, ni las ha entregado a nadie".

La UDEF se defiende

Con las anteriores declaraciones se podían ir atando cabos, pero para dar mayor consistencia a que ni Policía ni mucho menos el Juzgado Central de Instrucción número 5 habían filtrado a la prensa, el 20 de febrero de 2009 entró en el Juzgado un informe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Financieros), requerido por Garzón, sobre si en dichas informaciones de prensa aparecía algún dato o extremo que no figurara en la denuncia inicial, que dio lugar a la incoación de esas actuaciones.

    Decía el informe taxativamente: "De un análisis inicial de lo aparecido en los medios de comunicación entre los días 6 y 9 de febrero, ambos incluidos, no se desprende ningún dato, fuera de lo incluido en la Denuncia inicial, y que se encuentre contenido en las presentes actuaciones declaradas secretas". Es decir, que la Policía acusaba implícitamente de filtrar -o de haber filtrado- a la prensa, al menos inicialmente. 

Bárcenas se preparó para una posible nulidad

    Lo más curioso de ese tomo del sumario es la inclusión en el mismo de un escrito del ex tesorero del PP y senador Luis Bárcenas -imputado en el sumario- que, según el tenor del mismo, parece como si el dirigente popular se estuviera preparando para solicitar más tarde la nulidad de las actuaciones del juez Garzón.

    El escrito llegó al Juzgado de Garzón el 10 de marzo; en el mismo se daba cuenta de las filtraciones sobre el sumario que iban publicando los medios de comunicación, y Bárcenas le decía al juez: "A este respecto, y como sin duda le consta a V.I. perfectamente, mi condición de Senador por Cantabria le impide a Vd. la realización de acto de investigación alguno sobre mi persona, bien directa, bien indirectamente, debiendo abstenerse de conocer de cualquier supuesto hecho delictivo que se pretenda atribuirme desde el mismo momento en que tenga conocimiento del mismo y remitiendo en tal caso las actuaciones a la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

    Pero, a este respecto, la defensa de Bárcenas parece que tendrá poco asidero al que agarrarse. El 20 de marzo Garzón contestó pidiendo al Ministerio Fiscal si constaban resoluciones tendentes a la investigación de Bárcenas.

Y ese mismo día, la secretaria judicial confirmaba lo siguiente: "Informe 17843/09 UDEF; de fecha 23 de febrero de 2009, en el cual se hace un resumen de la forma de actuar de la organización; se explica la contabilidad B, hojas de ingreso y distribución; se indican personas con cargos de representación pública, entre los cuales se menciona a Luis Bárcenas Gutiérrez. Se contienen informaciones de la documentación intervenida en el piso de José Luis Izquierdo, así como la obtenida del análisis de la memoria externa intervenida al mismo, se da cuenta del contenido de las cajas de seguridad de Pablo Crespo y se hace un resumen de pagos en efectivo y especies recibidos por distintas personas relacionadas con cargos políticos. Finalmente, se aporta anexo de adjudicación de la variante de Olleros de Alba por la Junta de Castilla León a la sociedad Teconsa y el pago de gratificaciones por su adjudicación".

    La secretaria judicial relacionaba también un informe del fiscal que señalaba que no había suficientes datos para pasar el tema de Bárcenas al Tribunal Supremo.

     Garzón había eludido una peligrosa mina submarina en la instrucción del caso.

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