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Desvelamos el sumario Gürtel: capítulo 12

La Policía busca en la trama de Correa 10 millones de euros en comisiones ilegales

La Policía busca en la trama de Correa 10 millones de euros en comisiones ilegales

> Provendrían de empresas por adjudicaciones en la Comunidad Valenciana

La Policía y la Fiscalía Anticorrupción están convencidos de que la trama formada por Paco Correa, Álvaro Pérez ("El Bigotes") y Pablo Crespo, sacaron al menos 10 millones de euros de comisiones ilegales cobradas a empresas –en su mayor parte constructoras e inmobiliarias- por su mediación para conseguir la adjudicación de obras públicas de la Generalitat Valenciana y otras administraciones públicas de la región. Lo que ocurre es que, a diferencia de Madrid, donde ha podido encontrar pruebas escritas de los pagos en efectivo a dirigentes populares (tres alcaldes y tres diputados regionales) en Valencia lo único que ha encontrado son presuntos regalos como los trajes a Camps o un reloj a la tesorera del PP valenciano, Yolanda García. Hay también en las famosas cuentas A y B regalos de Navidad, pero ningún pago en efectivo.
En cuanto a la financiación ilegal del PP valenciano, la policía cree que el sistema consistía en cobrar parte de los actos directamente del partido y otra parte a través de empresas adjudicatarias de obras o trabajos de la Generalitat Valenciana, gestionados presuntamente a través de Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, y del vicesecretario, David Serra. Por lo datos aportados hasta ahora por la policía, este capítulo podría concretarse en cerca de dos millones de euros en facturas por conceptos inexistentes cobradas por la trama a esas sociedades.

El 31 de julio de 2009, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal remitió “in extremis” a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia un informe sobre la facturación cogida a Orange Market sobre la financiación de actos del PP de la Comunidad Valenciana.

La Fiscalía Anticorrupción quería impedir que el TSJCV, presidido por Juan Luis de la Rúa, amigo de Camps, decidiera archivar –como así ocurrió finalmente- el sumario remitido a este tribunal por el juez Baltasar Garzón por presunto cohecho contra el presidente valenciano, su mano derecha, Ricardo Costa, el ex vicepresidente y conseller, Víctor Campos, y el responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, con la explicación de que no podían ligarse los presuntos regalos de la trama a estas personas a un posible soborno, ya que ninguna de ellas tenía prerrogativas específicas para conceder adjudicaciones irregulares.

En el informe policial se detallan los datos, cuentas y facturas encontradas en el famoso “pendrive” del administrador de Correa, José Luis Izquierdo, así como en el despacho de la sede central de la trama en Serrano 40, de Madrid, y en la caja fuerte de Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, en la sucursal del Banco Santander en Pontevedra.

La trama comenzó en los 90


Siguiendo el análisis cronológico que hace la policía anticorrupción, la trama comenzó en la década de los 90, organizando los actos electorales del PP gallego, presidido entonces por Manuel Fraga, y cobrando en total 490.900 euros en facturas legales y 536.566.019 euros directamente. En total 1.027.466 euros. Aparecen también cartas del abogado de las empresas de Correa a Fraga y a Arenas, reclamando años más tarde el cobro de cantidades debidas por estos actos.

A principios de este siglo, bajo la égida de Aznar en el PP, la trama de Correa trabaja ya en la organización de actos para el PP nacional y, según los datos policiales, aparecen los primeros pagos al ex tesorero Luis Bárcenas y al ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, que entonces participaba en la organización de actos electorales como parte del equipo de campaña popular.

Cuando llega Mariano Rajoy a la Presidencia del PP hay orden de prescindir de las empresas de Correa en los actos del partido, por lo que la trama decide trasladar gran parte de sus actividades a Valencia, fundando la empresa Orange Market que, según la policía, tenía su propio entramado internacional, ligada a una sociedad Forevemore, establecida en la Isla de Nevis, en el Canal de la Mancha, y a Bungstone LTD, en Gran Bretaña.

Orange Market se convierte enseguida en la principal organizadora de actos del PP valenciano, incluido el XVI Congreso nacional celebrado en Valencia en junio de 2008, donde Rajoy fue reelegido presidente de la formación. Sólo por la Fiesta final y el catering, Orange Market cobró más de 72.000 euros. Hay también una campaña contra Zapatero en octubre de 2008 que costó casi 94.000 euros y que llevó la trama de Correa.

La financiación del PP en Valencia

Para la policía, el sistema para financiar en parte los actos del PP valenciano están claros: por un lado se cobraban facturas legales que se ingresaban en la caja A de las empresas de Correa, y el resto de lo convenido con Costa y Serra se remitía a empresarios que tenían “contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las Administraciones Públicas obtenidos como contraprestación a los favores realizados por la formación política, concretados en el pago de actos políticos”, según el citado informe policial.

Este sistema de doble facturación y de financiación supuestamente irregular de los actos del PP valenciano es atribuido por los investigadores a cinco empresas en concreto: Enrique Gimeno (Facsa), Vicente Cotino (Sedesa), Enrique Tomás Ortiz e Hijos, Luis Batalla (Lubasa) y Antonio Pons Dols (Piaf). Algunas veces ese dinero se enmascaró con facturas de Orange Market por supuestos servicios jamás prestados a las constructoras.

En otras, como la que "El Bigotes" pasó a Ortiz por el supuesto “diseño de material publicitario para el stand en Urbe 2008”. Hasta un total de nueve facturas por casi 500.000 euros fueron endosadas a las constructoras, según se desprende de diversos correos electrónicos remitidos en junio de 2008 a la asesoría fiscal para que cambiaran cantidades y se pusiera a la empresa como cliente allí donde aparecía "PPCV" o "PP de Castelló".

Las empresas infringían supuestamente la Ley 8/2007 de Financiación de Partidos, dado que hacían "donaciones finalistas que no ingresaban", siempre según el informe policial. ¿Y a cambio de qué? "Las constructoras obtienen contratos como contraprestación a los favores realizados al PP". Así de tajantes se expresan los agentes de la UDEF.

A partir de los datos de la investigación se concluye que, solas o en asociación con otras, esas constructoras recibieron, de 2005 a 2009, casi mil millones en contratos de la Generalitat. Sedesa, presidida por Vicente Cotino Escrivá (sobrino del vicepresidente tercero del Consell) se llevaría la palma con 640.320.498 euros, seguida por Enrique Ortiz e hijos, con 205.249.738 euros, Lubasa (77.337.451) y Facsa (13.876.087).

A estas empresas habría que unir el caso de Teconsa, la constructora leonesa, que fue la adjudicataria de los actos de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, en julio de 2006, por los que cobró 6,4 millones de euros, de los que casi uno fue a parar, al parecer, directamente a Correa, y otros 230.000 a Castaño Corporate, una empresa de Jacobo Gordon, el amigo de Alejandro Agag.

Las empresas son requeridas para que asuman parte de la astronómica deuda B contraída por los populares con Orange Market y Easy Concept. Un archivo del pendrive del contable Izquierdo recoge 561.724 euros de deuda en 2005 por actos del partido o 365.836 a 1 de junio de 2007.

La Generalitat concedió a la trama de Correa y de "El Bigotes" 8,2 millones en contratos —5,32 sólo con las cinco ediciones de Fitur— y el PP les habría dado 1,8 millones. A cambio de estas adjudicaciones, sólo aparecen por ahora los 34.908 euros en trajes regalados al presidente Camps, Costa, Campos y Betoret o el móvil de 500 euros para una colaboradora de Camps y una lista de regalos de Navidad.



Inflando costes

En el caso valenciano, a diferencia de Madrid, parte del dinero negro se generaba, según el informe policial, hinchando los costes de los actos del partido. Álvaro Pérez y Ricardo Costa, secretario general del PP, pactaban, según la policía, la cantidad en B.

En el año y medio que duraron las dos últimas campañas electorales, la firma de "El Bigotes" exportó desde su caja B a la del entramado, centralizada en el piso de la Calle Serrano, 6.087.704 euros. La policía, en cambio, no ha encontrado pistas sobre los pagos de la trama a políticos valencianos ni el dinero negro que las empresas adjudicatarias de obras o servicios públicos hubieran pagado a Correa, presuntamente más de 10 millones de euros.




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