El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander ha condenado al Ayuntamiento a ejecutar esta resolución municipal, dando la razón a la asociación Ecologistas en Acción, que divulgó este marte este fallo, contra el que cabe recurso.
En concreto, el Ayuntamiento de Valdáliga aprobó en 2001 la declaración de "parcialmente ilegalizables" las obras realizadas en Oyambre, por lo que ordenó la reposición de las dunas a su estado anterior para permitir la regeneración natural de la vegetación.
Para hacer posible esto, Valdáliga establecía en unas medidas que esta sentencia le condena a ejecutar, y que consistían en la supresión del 'green' creado en 1999, la retirada del césped sembrado, que se deshaga el nivelado de las dunas y el desmonte para el camino, reponiendo la capa de tierra que se retiro.
También contemplaba la retirada del cierre en aquellas zonas en las que interrumpa la servidumbre de la Ley de Costas, unos trabajos para los que entonces se fijaba un plazo de dos meses para su ejecución a la empresa y, en caso contrario, lo haría el Ayuntamiento de forma subsidiaria "a costa del promotor".
Esa misma resolución de hace ocho años declaraba legalizable en parte la construcción del cierre en los tramos que sí respetaran la servidumbre de paso, por lo que requería a la sociedad Playa de Oyambre, S.A., a que solicitara licencia en dos meses de acuerdo a lo contemplado en la Ley de Costas.
Ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander condena al Ayuntamiento de Valdáliga a ejecutar esta resolución y adoptar "todas las medidas necesarias para lograr la plena efectividad" de la misma. "La Administración local incumplió la obligación de adoptar medidas tendentes a la ejecución del restablecimiento a la legalidad urbanística", asegura el fallo de la jueza María Ángeles Hormaechea.
"Inactividad" municipal
Ecologistas en Acción promovió un recurso contra la "inactividad" municipal en el cumplimiento de su acuerdo, cuya ejecución se solicitó en enero de 2009 en una pretensión que no fue atendida. La demanda se dirigía contra el Ayuntamiento, contra quien se dirige el recurso, pero también contra el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Cantabria y la empresa Silver Eagle.
El Ayuntamiento de Valdáliga consideraba que la resolución quedó cumplida en agosto de ese año, cuando se dio un plazo de dos meses a Construcciones Rotella para ejecutar las obras. El fallo señala que que la resolución de agosto no satisface los objetivos y está demorando los plazos, además de incidir en que se dirigió a los anteriores propietarios, que habían vendido la finca a Silver Eagle en 2004.
Silver Eagle, por su parte, sostenía, tras asumir el proyecto sucediendo a Construcciones Rotella, no le fue comunicada la existencia de obras ilegales ni ninguna orden de derribo.
El Ministerio de Medio Ambiente alegaba la existencia de un nuevo deslinde tras la sentencia de la Audiencia Nacional de enero de 2009 y el reconocimiento de la Dirección General de Costas, el pasado mes de abril, de que Silver Eagle tenía derecho preferente durante 60 años a las concesiones para nuevos usos de la finca.
Estas pretensiones se rechazan alegando que no está probado que el deslinde o la concesión tengan relación directa con las actuaciones urbanísticas ilegales realizadas en la playa de Oyambre.
Y el Gobierno de Cantabria negaba que se hubiera producido inactividad administrativo, remitiéndose a actuaciones desde 1988 para hacer efectivos los planeamientos urbanísticos de la zona, y, en concreto, el futuro Plan de Oyambre.
Ecologistas en Acción
En un comunicado, Ecologistas en Acción subrayó que con este "contundente" fallo se prueba que "una vez más ha tenido que ser la Justicia quien ponga racionalidad y equidad ante la pasividad de las administraciones públicas en la defensa de un espacio natural que fue el primero en ser declarado Parque Natural en Cantabria".
Los ecologistas confiaron en "ninguna administración se atreva a malgastar el erario público" con un recurso a este fallo, que dicen que "que les quita toda la razón y les desnuda ante la opinión pública por incumplir y no ejecutar sus propias resoluciones para defender un espacio protegido".
La asociación valoró que con este fallo se evita que "de nuevo el Ayuntamiento se limite a notificar una vez más el acuerdo de cierre y restauración, sin ordenar su ejecución real después de ocho años y medio de espera".
Ecologistas en Acción incide en que el Ministerio de Medio Ambiente "ha apoyado los intereses de la empresa Silver Eagle", y tacha de "patética" la oposición del Gobierno de cantabria, también respaldando a la empresa.
La organización ecologista recordó que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, firmó entre 2000 y 2000, cuando era consejero de Obras Públicas, expedientes sancionadores contra Construcciones Rotella por acondicionar las dunas de Oyambre para campo de golf que incluían una multa, el cierre del campo de golf y su restauración.
La "incongruencia" del Gobierno se repitió en octubre de 2006, cuando la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo denegó a Silver Eagle, actual propietaria de los terrenos, autorización para llevar a cabo su proyecto porque "está situado en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre según la Ley de Costas y porque no es uso autorizable según la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria".
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