Junto a él, también deberán acudir ese día al TSJC a declarar el secretario general de la Consejería, Alejandro Gallego; un ingeniero agrónomo, funcionario de dicho departamento; y el representante legal de Tragsa.
Así se acuerda en un auto dictado ayer lunes por el magistrado Santiago Pérez Obregón, encargado de instruir las diligencias por supuesto delito de falsedad documental abiertas a raíz de la querella del Partido Popular.
El primero en declarar, a las nueve y media de la mañana, será el representante de Tragsa, al que seguirá una hora más tarde el secretario de la Consejería, después el ingeniero agrónomo y, por último, a las 12.30 horas, el consejero.
El problema en torno a las obras de este edificio, futura sede de la Dirección General de Desarrollo Rural, es que la Consejería abonó cuatro certificados de obra ejecutada cuando los trabajos no habían comenzado.
El PP cree que puede haber un delito de falsedad documental y la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en principio no lo descarta, así que ha acordado investigarlo.
En su día, el consejero achacó lo ocurrido a un error administrativo en el tipo de documento utilizado para hacer el pago, porque en realidad se trataba de un adelanto para las obras porque, si no se hubiera realizado la transferencia en ese ejercicio, se habría perdido la partida.
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