“El Estado es responsable por la desaparición forzada del señor Kenneth Ney Anzualdo Castro y, en consecuencia, violó los derechos a la libertad personal, integridad personal, vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica”, indica la sentencia publicada por la CIDH en su página web.
Los jueces también indicaron que “el Estado violó, como consecuencia de la desaparición forzada de Kenneth Ney Anzualdo Castro, los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial”.
Indemización y placa en el Museo de la Memoria
La CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), también ordenó a Perú el pago de una indemnización de 405.000 dólares a los familiares de la víctima, en concepto de daño material e inmaterial, así como el abono de 14.000 dólares por el costo del proceso.
La sentencia indica que Perú deberá “conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite o se llegaren a abrir” sobre este caso “para determinar en un plazo razonable a todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea”.
Agrega que el Estado “deberá proceder de inmediato a la búsqueda y localización de Kenneth Ney Anzualdo Castro o, en su caso, de sus restos mortales” y “reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal en materia de desaparición forzada de personas” para adecuarla a los estándares internacionales.
Los magistrados de la CorteIDH también ordenaron a Perú implementar programas educativos sobre derechos humanos para funcionarios de los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas, así como para jueces y fiscales.
También deberá realizar, dentro de un plazo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad por la desaparición forzada de Anzualdo Castro, y colocar una placa en el futuro Museo de la Memoria de Perú, en el que se recordarán las dos décadas de la violencia terrorista y estatal en ese país vividas entre 1980 y 2000.
La Corte consideró probado que agentes estatales “privaron de libertad o secuestraron al señor Anzualdo Castro el día 16 de diciembre de 1993, (y) lo llevaron a los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció detenido desaparecido durante un período de tiempo indeterminado, desconociéndose hasta el momento su paradero”.
Según la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se sospecha que Anzualdo Castro fue ejecutado en ese lugar y sus restos incinerados en hornos allí instalados.
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