España aprobó ley que endurece política de inmigración

Se trata de la cuarta reforma de la Ley de Extranjería de España en ocho años, pero es la primera impulsada por el gobierno del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y ha sido repudiada por la gran mayoría de las asociaciones de inmigrantes, organizaciones no gubernamentales, y Amnistía Internacional.

El proyecto, que ahora pasará al Senado, salió adelante con el apoyo de los socialistas, los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU), Coalición Canaria (CC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que sumaron 185 votos.

En la oposición se situó el conservador Partido Popular (PP), el grupo de izquierda (ERC, IU-ICV), y UPyD (Unión, Progreso y Democracia), con 146 votos, mientras cuatro diputados del Grupo Mixto se abstuvieron, anunció el presidente del Congreso español, José Bono.

Pese a sufrir varias modificaciones, el texto mantiene los puntos más polémicos de la endurecida norma oficial como la restricción de la reagrupación familiar de ascendentes a personas mayores de 65 años, salvo por razones humanitarias, y a partir de los cinco años de residencia, y el aumento del plazo de retención de los inmigrantes "sin papeles” de 40 a 60 días.

Hasta ahora, los inmigrantes con un año de residencia y otro más de permiso, podían reagrupar a su familia.

Con la nueva ley, los extranjeros tendrán que esperar 5 años y podrán traer a España a sus cónyuges e hijos menos de 18 años y padres mayores de 65 años.

La única nota positiva es que los hijos de 16 años ya tendrán permiso para trabajar.

Asimismo, la Ley amplía el período máximo de retención de los "sin papeles" en los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de 40 a 60 días, pese a que la normativa europea no obligaba a hacerlo.

"Los 60 días son importantes, pero hemos aumentado las garantías en los CIE. Un juez va a determinar qué tiempo es el mínimo necesario y otro magistrado va a velar con garantías jurídicas de los inmigrantes, quienes recibirán asistencia social y sanitaria", sostuvo la diputada socialista Esperanza Esteve, al defender el texto ante el pleno del Congreso.

La nueva ley garantiza la entrada de las organizaciones no gubernamentales a los CIE, donde se han advertido abusos, e impone la necesidad de elaborar un reglamento específico para su funcionamiento.

"Sabemos que para la expulsión no hacen falta 20 días más sino más recursos, pero lo que importaba era endurecer el discurso”, afirmó Joan Herrera, el portavoz de la izquierda ecologista, al tiempo que consideró que la nueva ley recorta derechos y crea ciudadanos de "primera, segunda y tercera categoría”.