Los hechos ya los conocen.
González Pons dijo que estamos en “una sociedad vigilada e interceptada”, apuntando directamente al Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones (Sitel), utilizado por el Ministerio del Interior en varias investigaciones. Según Pons, que identificó el mencionado sistema como “la ley Corcuera de la era electrónica”, el sistema es “ilegal e inconstitucional”, tras lo que acusó al ministro del Interior de ser el responsable del uso de este sistema.
González Pons, desvinculó estas afirmaciones sobre la utilización del mencionado sistema en la investigación del caso Gürtel. “No tiene nada que ver. Lo que denunciamos tiene una importancia que sobrepasa con mucho cualquier avatar que atraviese ahora el PP”, dijo.
La cosa no se queda ahí. El PP presentará en el Congreso una proposición no de ley con el fin de garantizar la privacidad de las conversaciones telefónicas y reforzar las garantías. Para ello, apuntó que el sistema Sitel sea controlado por los jueces y no por Interior.
Rubalcaba al contraataque: lo inventó el PP con Aznar
Y la respuesta no tardó en llegar. El titular de Interior,
Pérez Rubalcaba, poco después de estas declaraciones, mostró los contratos con la empresa danesa ETI que implantó el sistema Sitel. El primero fechado en 2001 y firmado por el entonces ministro del Interior,
Mariano Rajoy, mientras que el segundo data de 2003 y lleva la firma de la que fue subsecretaria de ese Ministerio y es actual secretaria general del PP,
Dolores de Cospedal. Para Rubalcaba todo está ligado al intento de distraer la atención de las luchas internas en el PP y la crisis por el 'caso Gürtel'.
La prensa detalla hoy que Sitel está regulado por un reglamento y una ley ordinaria pese a que las escuchas afectan a un derecho fundamental. En este sentido, el Supremo desestimó en febrero de 2008 un recurso de de la Asociación de Internautas, en el que se señaló que los pinchazos los cubren la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Reguladora del Control Judicial Previo del CNI, ambas orgánicas, y que implican que la actuación la autorice el juez.
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