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Los Gobiernos de México y España están tratando de mejorar la aplicación del Convenio de La Haya sobre la sustracción de menores, que ambos han ratificado pero que desde 2006 no se ha traducido en devoluciones de menores ordenadas por jueces, señaló hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana (SRE), Patricia Espinosa.
El tratado internacional, que se adoptó en 1980, establece que si uno de los padres o sus familiares se lleva a un pequeño, éste debe ser devuelto al país de residencia habitual para, si no se llegara a un acuerdo extrajudicial, litigar allí la custodia.
El convenio establece seis semanas como plazo ideal de restitución de un menor sustraído por un pariente o progenitor.
Algo que no se cumple casi nunca porque el infractor busca por lo general "prolongar los casos" con argucias legales, explicó a Efe el director de Protección a los Mexicanos en el Exterior de la SRE, Daniel Hernández Joseph.
"Son casos en los que en general, por su naturaleza, elevan mucho las pasiones, entendiblemente, porque están de por medio los afectos de los padres por los hijos, o los abuelos, o los tíos... el afecto de los adultos por los menores de la misma familia", agregó Hernández.
La dilación excesiva, según Hernández, es contraria al espíritu del convenio, puesto a prueba cada vez más por el incremento de matrimonios de personas de distintos países.
Las autoridades de México suelen reclamar cada año la restitución de unos 50 pequeños, la mayoría de ellos a EE.UU..
En el caso de España, la Cancillería mexicana ha pedido de 2006 a la fecha que 9 menores con esta nacionalidad sean devueltos a este país, lo que los jueces españoles han rechazado en todos los casos.
Las negativas también se han dado a solicitudes de España. Con este país hay once casos pendientes desde 2006, dos están en proceso de arreglo pero los demás con negativas a las repatriaciones.
Para Hernández "en el caso específico de España falta mucha comunicación" entre ambos Gobiernos centrales, y al mismo tiempo, "que los juzgados sean un poco menos nacionalistas y más internacionalistas" y coloquen "el mejor interés del menor" en el centro de la disputa.
"Lo que ocurre es que los juzgados en el mundo tienden a pensar que el mejor interés del menor es el culturalmente nuestro", lamentó Hernández.
España y México tienen que sentarse a trabajar "para que se atienda el espíritu por el cual ambos países somos miembros de este convenio", señaló.
Hasta el momento, el asunto se aborda en la Comisión Binacional entre los dos países, que el próximo 21 de diciembre celebrará una reunión política en México.
Dos casos en que están involucrados padres españoles cuyas esposas mexicanas murieron han trascendido recientemente, uno en Coauhila, norte del país, y otro en el Estado de México, vecino a la capital mexicana.
Para Hernández, que no puede por ley comentar estos asuntos, lo ideal es siempre que las partes "concilien y lleguen a alguna solución que no implique una decisión judicial" sobre el destino de los pequeños.
La prioridad desde el punto de vista institucional debe ser actuar "con frialdad" y, siempre, "en el mejor interés del menor", agrega.
La mayor problemática para los mexicanos es con EE.UU., país con el que hay "350 casos abiertos" en muchos de los cuales se combina una situación familiar difícil con cuestiones migratoria.
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