Líderes demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por Luis Gutiérrez, presentaron una "histórica" iniciativa para una reforma migratoria integral que permita la legalización de millones de indocumentados pero que, por ahora, carece de apoyo republicano.
Durante una rueda de prensa, en la que partidarios coreaban "sí se puede!", Gutiérrez reiteró su mensaje de que es urgente reformar el sistema migratorio de Estados Unidos, "se agotó la paciencia" y el tiempo de actuar es "ahora".
"Este proyecto de ley debería ser la política migratoria de nuestro país... no es complicado. Es pro-familia, pro-trabajos y pro-seguridad", afirmó Gutiérrez sobre el proyecto de ley, contenido en 700 páginas.
Gutiérrez expresó confianza en que la iniciativa, que previsiblemente será debatida en febrero o marzo de 2010, logrará el apoyo de los republicanos. Por ahora, sus 87 copatrocinadores son demócratas.
"Nunca he estado más orgullosa en mis 18 años en el Congreso... no hay un tiempo correcto o equivocado (para impulsar la reforma), sólo hay una obligación moral", dijo por su parte Nydia Velásquez, presidenta del grupo de legisladores demócratas hispanos (CHC).
A juzgar por los aplausos y consignas, todo parecía armonía dentro del salón, y la coalición de activistas y líderes demócratas aseguró que la recesión no debe impedir el avance del plan reformista.
Pero el republicano Jeff Flake (Arizona), que en 2007 apoyó la fallida reforma, criticó en un comunicado que un programa de trabajadores temporales incluido en la reforma sólo beneficie a 100.000 trabajadores por año en un período de tres años.
Gutiérrez explicó que, ante la alta tasa de desempleo, sería irresponsable dar cabida a más extranjeros y que la idea es estudiar las futuras necesidades del mercado laboral.
En todo caso, dijo, su proyecto pretende que los trabajadores estadounidenses "tengan la primera oportunidad" cuando se abran puestos de empleo.
El proyecto de ley refleja los "principios" que adelantó Gutiérrez en octubre pasado respecto a una vía para la legalización de indocumentados; una mayor vigilancia fronteriza, el reforzamiento de las leyes al interior del país, y protecciones laborales.
Además, prevé un sistema de verificación legal para que las empresas no contraten a indocumentados; la reunificación familiar y la integración de inmigrantes; la legalización de ciertos estudiantes indocumentados, y un programa para regular futuros flujos migratorios.
La Reforma Migratoria Integral de 2009 para la Seguridad y la Prosperidad de Estados Unidos (CIR ASAP, en inglés) permitiría la legalización de indocumentados que, entre otros requisitos, se registren con el Gobierno, paguen una multa de 500 dólares y otras tarifas, aprendan inglés y no tengan antecedentes criminales.
Estos inmigrantes y sus familias recibirían primero una visa por seis años y posteriormente tendrían la oportunidad de solicitar la residencia permanente o "tarjeta verde".
Quienes mientan en sus solicitudes afrontarían hasta cinco años de cárcel.
La iniciativa amplía el programa de visas EB-5, que beneficia a empresarios o inversionistas extranjeros que inviertan al menos un millón de dólares en la economía estadounidense, la mitad del cual tiene que ser en zonas marginadas.
La medida tiene el respaldo de sindicatos, las principales organizaciones hispanas, defensores de los inmigrantes, grupos religiosos y varias minorías étnicas.
Sin embargo, con igual fiereza, grupos que piden mano dura contra los indocumentados renovaron hoy su promesa de continuar luchando contra cualquier ley que ofrezca una "amnistía" para quienes violan las leyes migratorias de EEUU.
Si el debate sobre la reforma de salud sirve de guía, tanto partidarios como detractores esperan que el debate migratorio arrastre consigo la misma acritud experimentadas con la fallida reforma de 2007.
Según analistas, aunque esta reforma tiene amplio apoyo en la comunidad inmigrante, es poco probable que, ante el polarizado ambiente político en el Congreso, ésta logre recabar los 218 votos que necesita en la Cámara de Representantes y los 60 en el Senado.
Se prevé que el senador demócrata Charles Schumer presente su propia versión de la reforma migratoria en enero próximo y que, de hecho, sea el Senado el que actúe primero sobre el megaproyecto.
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