Caso Mercasevilla: La juez impone una fianza de 400.000 euros a cada uno de los 4 imputados

En un auto, fechado el pasado día 14 de diciembre y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora acuerda la incoación de procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, convocando a los imputados, a la acusación particular y a las acusaciones populares a la vista que tendrá lugar el próximo día 23 de diciembre a partir de las 10,30 horas.

De igual modo, requiere a los cuatro imputados para que, en el plazo de un día, presten una fianza cada uno de ellos de 400.000 euros de cara a asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele, con el apercibimiento de que, de no prestarla, se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada, al tiempo que otorga a las partes un plazo de tres días --a partir de la última notificación practicada a las partes-- para interponer recurso de reforma contra esta resolución.

En este sentido, relata que el 16 de enero de 2009, y tras haberse concedido a la Fundación Mercasevilla por el Servicio Andaluz de Empleo una subvención de 900.000 euros para la creación de una escuela de hostelería, "presuntamente a instancias de Rivas y de Mellet se exigió por parte del también inculpado Ponce --en presencia de Pereira-- al empresario Pedro Sánchez Cuerda la suma de 450.000 euros, 150.000 para costear la acometida eléctrica de la referida escuela y 300.000 como comisión a abonar a la Junta en contraprestación a la subvención concedida por ésta, que entregarían en un maletín que dejarían olvidado en un despacho para que alguien enviado al efecto lo recogiese".

Al hilo de ello, señala que, "siguiendo supuestamente las indicaciones iniciales de Rivas, el 27 de enero Mellet y Ponce" tuvieron una nueva reunión con Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas Rodríguez, "en la que nuevamente le volvieron a exigir presuntamente ambas cantidades, afirmando ambos imputados que los 300.000 euros se le solicitaban por exigencia de la Junta, ya que en la misma era normal reclamar este tipo de contribución, afirmando que la Junta colaboraba con quienes, a su vez, colaboraban con ella".

CONVERSACIÓN GRABADA

Tras recordar que esta conversación fue grabada por los representantes del Grupo La Raza, indica que Mellet, en su declaración policial y ante la Fiscalía, "afirmó que recibió del inculpado Rivas dos llamadas, una en diciembre de 2008 para confirmarle la concesión de la subvención y para decirle que tenía que pedirles al Grupo La Raza una contribución voluntaria para la Junta de 300.000 euros, exigencia que volvió a reiterarle a Mellet cuando lo llamó por teléfono el día 5 de enero de 2009".

Por su parte, añade que Ponce, en su declaración policial y ante la Fiscalía, "mantuvo que recibió en los momentos previos a la reunión del día 16 de enero instrucciones directas de Mellet para que exigiera a los representantes de La Raza dicha comisión ilegal, en las que Mellet le expuso que ello habría sido ordenado por el delegado provincial de Empleo".

Según relata, en el presente caso resulta "verosímil" la imputación de estas cuatro personas, "en virtud del contenido de la grabación de la reunión del 26 de enero, cuyo contenido e intervinientes fueron reconocidos por Mellet y Ponce en sus declaraciones policiales y ante la Fiscalía; por el testimonio prestado en sede judicial por parte de los representantes de La Raza, y, finalmente, por las referidas declaraciones de los citados inculpados en las que reconocieron los hechos descritos".

"CARACTERES" DE UN DELITO DE COHECHO

Así, añade que estos hechos revisten, "por ahora y sin perjuicio de ulterior calificación", los caracteres de un delito de cohecho del artículo 425 del Código Penal, "que es de los atribuidos a la competencia del Tribunal del Jurado", precisando que el artículo citado "castiga a la autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado".

En esta línea, la juez instructora agrega que, a este respecto, todos los inculpados "tienen la condición de funcionarios públicos, pues si bien pudiera ser más claro respecto del inculpado Rivas, también participan de dicha condición Mellet, Ponce y Pereira, los primeros director y subdirector de Mercasevilla, y Pereira directora de Proyectos de la Fundación Socio-asistencial creada por Mercasevilla".

RECURRIRÁ LA FIANZA

El delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, recurrirá la fianza impuesta por la juez del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla por considerarla "excesiva" y mostró su confianza en que el día 23, cuando tendrá lugar una vista del procedimiento, saldrá "libre de imputaciones". En ese sentido, apuntó que cuando se relatan los hechos en torno a la investigación abierta por el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de Mercasevilla a dos empresarios del Grupo La Raza, "no existe ningún indicio ni ninguna causa que se me impute salvo el comentario de una persona en su declaración ante la Policía Judicial".

Por ello, tras reiterar su "respeto escrupuloso" hacia la Justicia en este caso, explicó que dentro del procedimiento de la Ley del Jurado se estableció una vista para el día 23, a la que Rivas anunció que acudirá, y sobre la que se mostró "convencido" de que ese día saldrá "libre de esas imputaciones que se plantean", tras lo que precisó que actualmente está trabajando desde su responsabilidad como delegado de Empleo.

Rivas consideró "excesiva" la fianza impuesta por la juez, puesto que "no ha habido perjuicio absolutamente a nadie", y reconoció que dicha cuantía le ha causado "un desconcierto tremendo, pues si no ha habido perjuicio, no entendemos cómo se puede prever una fianza y un aval de esas características".

En ese sentido, precisó que su abogado está trabajando en este tema y agregó que ya la semana pasada presentó un escrito donde pide el sobreseimiento de la parte donde se le imputaba "porque no hay ningún elemento que mantenga mi situación dentro de este proceso". Agregó que este escrito no ha sido respondido hasta ahora por la juez y precisó que a lo largo del día de hoy presentará otro escrito recurriendo la fianza solidaria. "Estoy en un momento de desahogo, serenidad y responsabilidad de ser coherente con lo que digo y seré respetuoso con la Justicia desde el primero hasta el último día", aseveró el delegado, quien precisó que su abogado tiene instrucciones para "usar todos los medios judiciales a su alcance para redimir mi honor" cuando sea conveniente.

Ante las peticiones de dimisión, el delegado recordó que esa decisión no le compete a él y agregó que su cargo "desde el primer día que entré, hace diez años, está totalmente a disposición del consejero de Empleo, que es la persona que me propuso, y el Consejo de Gobierno de la Junta"."Estoy totalmente a disposición de esta institución y presto un servicio para Andalucía desde Sevilla por mandato expreso del Consejo de Gobierno y de mi consejero, por lo que mientras ellos consideren que mi trabajo puede ser positiva para la interés de los trabajadores de Sevilla seguir estando, y el día que consideren otra cosa lo aceptaré de muy buen grado, yéndome inmediatamente y feliz por los años que he estado al frente de esta Delegación Provincial", aseveró Rivas.

"NO TIENE NADA QUE TEMER"

En relación con la imputación en el caso Mercasevilla del delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Antonio Rivas, el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Rafael Velasco afirma que "el PSOE en Andalucía está muy tranquilo con el asunto Mercasevilla", pues creen que "Rivas no tiene nada que temer".

Velasco dijo que los socialistas respetan la decisión judicial de apertura de vista oral, "con imputaciones que no conocemos aún de una serie de personas, sobre toda de la que nos preocupa a nosotros, del delegado de Empleo", de modo que, "al no conocer qué se le imputa", los socialistas no se pueden "posicionar con la claridad" correspondiente.