El alto tribunal establece que las ayudas conculcan el principio de territorialidad del Estatuto vasco y condena a la Administración autonómica a pagar 5.000 euros para hacer frente a las costas del litigio.
En coincidencia con lo dicho en su día por el TSJPV, el Supremo recuerda que si bien el Gobierno vasco ostenta la competencia en materia penitenciaria, según se señala en los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto de Autonomía, "su ejercicio se halla condicionado por el necesario Decreto de transferencias previo acuerdo de la Comisión Mixta correspondiente, lo que no se ha producido, y por la territorialidad en el ejercicio de sus competencias".
En su recurso, la Administración autonómica esgrimió como título habilitante el de la asistencia social e invocó asimismo la autonomía financiera y la consiguiente capacidad de gasto que ostenta para encuadrar la Orden recurrida "en el ámbito de la actividad de fomento".
Las ayudas para sufragar viajes a familiares de presos fueron concedidas por última vez en marzo de este año, poco antes del cambio de Gobierno en el País Vasco, con un coste de 225.081 euros. Fueron concebidas como una "asistencia social" destinada cubrir los desplazamientos de personas que contaran con una renta inferior al triple del salario mínimo interprofesional.
Reacciones de PNV y PP
Tras conocerse el fallo, el presidente del Euskadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Iñigo Urkullu, dijo respetarlo, si bien aclaró que éstas se otorgaban como "ayuda social" y no por el hecho de que los perceptores fueran familiares de los reclusos.
Por su parte, el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, expresó su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo que considera que el anterior Gobierno autónomo cometió un "exceso" en sus competencias al otorgar ayudas a las familas de presos de ETA, porque demuestra que no sólo había "razones éticas" para prohibir las subvenciones, sino también "jurídicas".
En declaraciones a Europa Press, Barreda afirmó que la resolución judicial ofrece la satisfacción de constatar que "también en los aspectos jurídicos el Gobierno vasco estaba empecinado en dar una ayudas que formaban parte de su ideario, de su ambigüedad y su equidistancia para con las víctimas del terrorismo".
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