La presidencia europea de ZP

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, preside ya la Unión Europea, donde tiene como objetivo contribuir a la salida de la crisis y, de alguna manera, aliviar de paso su propia crisis política, en un momento en que las encuestas acrecientan la ventaja del PP. Es la cuarta vez que España asume la presidencia de turno de la UE, desde su ingreso en 1986, y esta vez intentará impulsar medidas contra el fraude fiscal y mejorar la supervisión financiera, cuando todavía resuenan los ecos de la crisis que hundió los mercados. Llega de paso el estreno del Tratado de Lisboa, con agenda política ampliada y más exigencias en materia de cooperación, ahora también con nuevos cargos institucionales comunes.

De hecho, como observa el ex vicepresidente Pedro Solbes, el peligro para el Gobierno de Zapatero es que el trabajo de su presidencia se vea dominado por los debates institucionales internos; maxíme cuando ya han surgido tensiones entre Madrid y las oficinas del nuevo presidente y la nueva alta representante de la UE sobre cuestiones tan básicas como quién va a fijar las prioridades y quién presidirá las reuniones.

No es fácil brillar en estas condiciones al frente del liderazgo de los Veintisiete en Europa, pero teniendo en cuenta que la situación interna todavía está peor, a Zapatero puede servirle cualquier escenario durante los próximos seis meses. Así que más le vale entenderse en su cohabitación con el presidente estable del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. A éste siempre le corresponderá el protagonismo de la reestructuración institucional, mientras que ZP puede hacer valer el peso de las reuniones de ministros, en su mayoría sectoriales, que van a tener lugar en diversas ciudades españolas.

Al margen de los acuerdos, puede ser un buen momento para la pedagogía política, ya que este país no solo tiene que salir de la recesión, como tantos otros socios europeos, sino que debe cambiar su modelo productivo, excesivamente dependiente del turismo y de la construcción. España vive, por tanto, un momento equiparable al del plan del 59 o a los años de adaptación al ingreso en la CEE, en 1986, sin que se observe precisamente el ambiente político de aquellos tiempos.