Emigración: el debate no ha hecho sino empezar

   Con su más reconocida y practicada técnica -mirar para otro lado ante la evidencia- el Gobierno Zapatero ha despachado el asunto de la emigración, como despachó otrora el de la crisis: negándolo. Por boca del ministro Corbacho ha sentenciado: "Es un debate que tenía que haber terminado". La vicepresidenta, por su lado, lo ha dado por zanjado a base de descalificaciones ideológicas contra la oposición por proponerlo.

   Pero se ponga como se ponga el Gobierno, ZP, la vice y Corbacho, como sucedió con las crisis de los mil seudónimos, el debate sobre la emigración no ha hecho sino empezar. Está ahí y va a seguir estando cada vez más presente, tal vez no en la vida cotidiana de los ministros, pero sí de los ciudadanos y cuanto más de a pie que sean estos apretándoles con mayor fuerza el zapato.

   España tiene 40 millones de habitantes, cinco millones de inmigrantes y 4,5 millones de parados. Un 12 por 100 de la población que vive aquí es extranjera y ello se ha producido en un tiempo récord. Tan sólo Alemania en toda Europa tiene más emigración que España.

   Los conflictos han empezado. Dos leyes se contraponen. Los municipios están obligados a empadronar (el padrón da derecho a proporcionar educación, sanidad, servicios sociales y acceso a viviendas de protección oficial) a los inmigrantes en situación ilegal. Esa ley, la de Bases del Régimen Local, ha de cumplirse a rajatabla. Ya se ha comprobado ante las primeras resistencias. Pero hay otra, la Ley de Extranjería, que obliga a expulsar de España a los inmigrantes que hayan entrado de forma ilegal. Y esa está muy lejos de cumplirse aunque Rubalcaba, siempre apagando fuegos, ha dado la cifra de 40.000 repatriaciones a las que añade los más de 7.000 delincuentes foráneos que han sido expulsados. Se calcula en más de 700.000 los emigrantes ilegales y se sabe que aunque ha bajado su entrada respecto a años anteriores no sólo no hay salida del país sino que siguen llegando a pesar de la crisis. En 2009 el numero de inmigrantes totales ha seguido ascendiendo. Incluso han ascendido respecto a 2008 las llegadas en patera.

   La estricta aplicación de la leyes habría de llevar ineludiblemente -de aplicarse por igual ambas- a una doble actuación. Tras la inscripción en el padrón de un inmigrante ilegal, con visado de turismo, por ejemplo, la policía debería presentarse de inmediato en el domicilio y proceder a su expulsión. Pero no. Una ley se cumple. La otra no.

   El debate tras el que se quiere cubrir todo, el de los derechos humanos es otra harina y otro costal. La asistencia sanitaria y la educación han de darse porque antes que nada -legales o ilegales- son personas. Pero ¿España ha de dar eso a todos los que aquí lleguen, a todo el mundo mundial? ¿Puede hacerlo? ¿Y está obligada a darlo a todos aquellos que sigan viniendo y que con tal premisa vendrán sin posibilidad de no dejarles entrar o de expulsarlos si han entrado saltándose nuestras leyes?

   Ahí va a estar el debate. Lo quiera o no el Gobierno. Ahí y en otra cifra publicada ayer también. La población reclusa en España asciende a 76.090 presos de los cuales 27.189, esto es un 35,75 por ciento son de origen extranjero. O sea, que el 12 por ciento de los residentes son los que aportan más de un tercio del total de los reos encarcelados.

   Son cifras. Los números y los hechos no son ni xenófobos ni racistas. Ni ponerse a bailar tal mantra resuelve el problema ni supone remedio alguno. Bien se vio en la vecina Francia. Urge el debate, urgen las decisiones y estas han de estar tan alejadas precisamente del racismo, la explotación, la xenofobia y la miseria de usar a los emigrantes y tirarlos cuando conviene como del buenismo ciego, incubador de agravios, conflictos y situaciones insostenibles. Y esta situación a muchas gentes de a pie y a los ayuntamientos se les está empezando a hacer cada vez más difícil. Y ellos, al contrario que el Gobierno, ZP, la vice y Corbacho, no pueden mirar para otro lado.