Según ha explicado
Salvadó, estos cuatro concejales o son trabajadores de la nuclear de Ascó o bien tienen familiares directos que trabajan en ella, uno de ellos el alcalde del municipio, el convergente
Rafael Vidal.
"Existe un marco legislativo que impide a cargos electos locales que son parte implicada poder participar en la votación", ha apuntado el delegado.
Para el representante del gobierno catalán en las Tierras del Ebro, existen "dudas razonables" de que la relación contractual de esos concejales o sus familiares podría llevar a considerarlos como parte implicada en el proceso de designación del almacén nuclear.
"Si se puede demostrar la relación de causa-efecto entre lo que se votará mañana con el hecho de que están a sueldo de una empresa vinculada con el proceso", Salvadó ha dicho que se podrá usar este hecho para impugnar el resultado de la votación de mañana en Ascó o presentar alegaciones ante el Ministerio de Industria.
Salvadó ha visitado el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, donde ha apoyado a los consejeros comarcales que ayer se encerraron en la institución para protestar por la intención del consistorio de Ascó de presentar su candidatura al almacén temporal centralizado (ATC) o cementerio de residuos nucleares.
La Generalitat aclaró que no estudiará de oficio la hipotética incompatibilidad entre el ejercicio del cargo público de concejal en el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona) y el hecho de trabajar en la central nuclear del municipio para poder votar mañana sobre la posible ubicación de un almacén nuclear en la localidad.
El Govern apuntó en un comunicado a que será el Consejo Comarcal de la Ribera d'Ebre quien, tras la votación, decidirá si impugna o no el resultado del pleno, ya que recordó que son los miembros del Consejo quienes se plantean si el hecho de que algunos concejales de Ascó o sus familiares trabajen en la central puede ser incompatible con su participación en la votación sobre la candidatura a acoger el almacén.
En este sentido, Salvadó apuntó a que la Generalitat tiene el deber de hacer cumplir la normativa y estudiar si existe una vinculación causa-efecto y si existe esta incompatibilidad, algo que el Govern optó por dejar en manos del Consejo Comarcal.
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