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Debate sobre la cadena perpetua

La verdad sobre el sistema penal español

La verdad sobre el sistema penal español

"Las presiones sociales y mediáticas están contribuyendo a conformar una opinión pública errónea en torno a la criminalidad y a la seguridad ciudadana en nuestro país". Así lo afirma un denominado grupo “Otro derecho penal es posible”, formado por fiscales, magistrados, abogados y catedráticos de Derecho. Este grupo ha elaborado un documento bajo el título "Desenmascarando mitos que sostienen el sistema penal. Instrumento de pedagogía para la cultura jurídica al alcance de todos", en el que niegan que en España exista un problema especialmente grave de inseguridad, "ya que la tasa de criminalidad es menor que la media de los países europeos".

Al hilo de 'carreras delictivas', como la del 'Rafita', especialmente sensibles en el entramado social, el documento elaborado por este grupo de juristas pone en cuestión la idea que se está conformando en la sociedad sobre que tenemos una legislación penal supuestamente en exceso benevolente que, además, permitiría que las penas no llegaran a cumplirse en su integridad.

El documento, al que Diariocrítico ha tenido acceso, señala al respecto que "no puede decirse que en España exista un problema especialmente grave de inseguridad, ya que la tasa de criminalidad es menor que la media de los países europeos". A falta de datos del 2009 -el Ministerio del Interior lo facilita a cuentagotas- en el año 2008 la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes fue en España de 46,7. Por el contrario, la media Europea se sitúa en el 70,4. Y otros países de nuestro entorno, con sistemas policiales y penales percibidos por la población como más duros duplican la nuestra o son notoriamente más elevados: por ejemplo, Gran Bretaña, con 101,6, o Alemania, con un 76,3 (por encima de la media).

Para elaboración de este informe, el grupo de juristas se ha basado, entre otras fuentes, en el Boletín Criminológico del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (nº 116, de septiembre-octubre 2009), para el que la delincuencia en España presenta una línea "globalmente descendente desde hace 20 años, lo cual se contradice totalmente con la percepción de la sociedad, las iniciativas legislativas y el incremento punitivo". Es decir, que el 88,8 % de la población cree que la delincuencia ha aumentado mucho o bastante, lo cual no se conforma con los datos que muestran una disminución.

El grupo sostiene, por tanto, que la visión distorsionada del volumen de la delincuencia puede deberse a la reiterada información de hechos delictivos que los ciudadanos reciben a través de los medios de comunicación, "más que el hecho de haber sido ellos o personas cercanas víctimas de un delito”.


Mayor número de presos

Sin embargo, el grupo reconoce, a la inversa, que España tiene uno de los porcentajes de presos más altos de Europa, habiéndose llegado a cuadruplicar su población penitenciaria en el período 1980-2009 (en menos de 30 años). En algo menos de 30 años, hemos pasado de tener una población reclusa de 18.583 personas en 1980 a 76.771 personas presas en noviembre de 2009. En menos de tres décadas se ha multiplicado por cuatro (404 %) la población encarcelada, mientras el conjunto del país ha pasado de tener 37,4 millones de habitantes a contar con 45,9 millones en la actualidad, apenas un 22 % de incremento poblacional.

Sostiene el documento de referencia que desde el año 1990 (en menos de veinte años) la población penitenciaria ha pasado de 33.035 a 76.771 personas (43.736 más; un 133 %). Y que en los últimos 9 años se ha producido el gran salto: hemos pasado de 45.309 personas a la actual población encarcelada (un incremento de 31.462 personas más privadas de libertad; un 70 % más), lo cual significa 3.500 personas más al año en la cárcel.

Según estos datos, las cárceles españolas cerraron el año 2009 con 76.090 personas presas, lo que con respecto al año anterior supone un incremento del 3,3 %, el segundo menor de la década. Hay que remontarse a 2005 para encontrar una subida más moderada, el 2,6 %. Las celdas de los centros penitenciarios acogían a finales de diciembre a 60.278 reclusos con condena (un 7,6 % más en el año anterior) y 15.812 preventivos. Estos últimos, los que esperan en prisión un juicio o una sentencia, descendieron un 10,2 %; después de una década en la que el incremento del número de preventivos osciló entre el 3,2% (en 2005) y el 14,4% (en 2002).



En definitiva, la población reclusa no ha parado de crecer en la última década, aunque de forma desigual: el aumento mínimo se registró en 2005 (2,6 %) y el máximo, en 2008, cuando comienza la crisis económica, con una subida del 9,6 %. Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se explica que los incrementos que se han venido produciendo son fruto de las sucesivas reformas legales, ya que el Código Penal de 1995 eliminó la redención de penas, con lo que la condena efectiva a cumplir se ampliaba.

A más de más, en 2003 se produjo la tipificación de más delitos y se dificultó el acceso al tercer grado. Y después llegó el endurecimiento de las penas por maltrato y por delitos al volante. La saturación de las cárceles es una constante en España, el país de la Unión Europea con una mayor tasa de reclusos (157) por cada 100.000 habitantes. El hacinamiento en los penales se transmite de generación en generación.

Aumento de presos sin aumento de delitos

Lo más sorprendente del informe del grupo "Otro derecho penal es posible" es que la población penitenciaria española va aumentando exponencialmente "sin responder a un incremento de los delitos". Es una paradoja, pero el grupo de juristas lo explica porque "se recurre cada vez más a la cárcel como respuesta a la criminalidad, en detrimento de otras penas y alternativas menos agresivas, y recurriendo constantemente al agravamiento de las penas".

También lo explican en el hecho de que la pena de prisión sigue endureciéndose "hasta haber llegado a alcanzar una duración mayor que en otros ordenamientos; aparte de estar asistiendo a una continua creación de nuevas figuras delictivas castigadas con esta pena".

Y, además, en tercer lugar, porque con el Código Penal vigente de 1995, al haber desaparecido la redención de penas por el trabajo, sin haber disminuido la pena nominal prevista en el Código, y al haberse establecido requisitos limitativos para la clasificación en tercer grado y la obtención de la libertad condicional, los presos, en gran parte –aproximadamente el 80 %-, cumplen íntegramente sus condenas dentro de prisión.

No a la cadena perpetua

Entre los mitos que 'desenmascara' este grupo de juristas se encuentran dos muy de moda socialmente: el primero, el de “la condena a prisión perpetua no existe en España: implántese”, y el segundo, la versión contraria: “Existen de hecho condenas a prisión perpetua en el Estado español y, en algunos casos, por la imposibilidad de su revisión, es más estricta que otros Estados que sí la tienen en sus Códigos”.

Respecto a la primera petición, la de implantar la cadena perpetua, el grupo afirma taxativamente que "nos oponemos abiertamente a esta posibilidad por atentar contra el valor constitucional de la dignidad humana", pero señalan que "lamentablemente, esta realidad ya existe de hecho en nuestro ordenamiento jurídico. En las cárceles españolas viven en torno a 345 personas (sin contar con las condenadas por delitos de terrorismo) que cumplen condenas superiores a los 30 años".

Señalan que es notorio que las condenas tienen unos límites máximos –triple de la pena mayor, 20, 25, 30 o 40 años, según el art. 76 CP–. Pero se incurre en un error, en el que caen incluso profesionales del Derecho, por el desconocimiento de que para establecer esos límites máximos de condena es necesario que los delitos debieran haberse podido enjuiciar en un único proceso. Dicho en términos más comprensibles, si una persona delinque después de que con anterioridad haya sido sentenciada por otro delito, las penas se suman y no se limitan temporalmente, teniendo que cumplir todas las penas, aunque supere los límites anteriormente reseñados.

Otros 'mitos' que el grupo intenta desenmascarar están referidos al presupuesto de que “el perfil medio del preso es de alta peligrosidad”, o a que “los presos, en su mayoría, no están en prisión por cometer delitos graves ni violentos”.

 

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[El documento ha sido elaborado por: Julián Ríos (Profesor de Derecho Penal en la Universidad P. Comillas (ICADE), Xabier Etxebarria (Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Deusto y Abogado), José Luis Segovia (Profesor de Ética Política en la Universidad P. Salamanca), Manuel Gallego (Profesor de Derecho Penal en la Universidad P. Comillas (ICADE), Lorena Ruiz-Huerta (Abogada y Profesora de Derecho Penitenciario en la Universidad Carlos III), Pedro José Cabrera (Profesor de Sociología en la Universidad P. Comillas), Manuela Carmena (Magistrada en la Audiencia Provincial de Madrid), Margarita Martínez (Catedrática de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid), Antonio Del Moral (Fiscal del Tribunal Supremo), Ángel Luis Ortiz (Magistrado en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 1 de Madrid), Félix Pantoja (Fiscal en el Tribunal Supremo), Pablo Ruz (Magistrado en el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Villalba), Concepción Sáez (Secretaria Judicial), Ramón Sáez (Magistrado en la Audiencia Nacional), Eduardo Santos (Profesor de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y Abogado), Santiago Torres (Magistrado en el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid), José Miguel Sánchez (Letrado del Tribunal Constitucional) y Eloy Virseda (Trabajador Social). Más información sobre la Plataforma y las campañas en www.otroderechopenal.aldeasocial.org].

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