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El Consejo de Ministros aprobó, también, el Plan de Austeridad hasta 2013

El Gobierno propone, no impone, una polémica reforma del sistema de pensiones

El Gobierno propone, no impone, una polémica reforma del sistema de pensiones

> La tasa de paro en 2009 alcanzará el 19% de la población activa | Enviarán la propuesta al 'Pacto de Toledo'
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La vicepresidenta Económica, Elena Salgado, lo ha dejado claro: lo que ha estudiado y aprobado el Consejo de Ministros de este viernes en materia de pensiones es una propuesta que se remitirá a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y a los agentes sociales en el seno de la mesa del diálogo social “con el propósito de alcanzar un acuerdo lo antes posible”. Salgado no ha querido desvelar lo que ocurrirá si, como todo parece indicar, esta propuesta es rechazada por el retraso de la vida laboral hasta los 67 años.
La vicepresidenta deja claro, también, que en el documento que se presentará a los agentes sociales y en el Parlamento “no se hacen concreciones”. O sea, que no se señalan aspectos, tal y como se ha comentado últimamente, en materia de ampliación del periodo necesario para calcular la cuantía de una pensión: “se sabe que es necesario ampliar dicho periodo, pero no se proponen años concretos”. Se había dicho que se pasaría de quince a veinte años. Tampoco se habla de un límite concreto para poder acceder a una pensión. Actualmente el periodo mínimo exigible está en quince años. Eso sí, el documento aprobado por el Gobierno prevé incentivar la prolongación de la vida laboral y frenar el recurso a la jubilación anticipada. Desplazar paulatinamente la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años, siguiendo el camino emprendido por otros países europeos, ofreciendo a los trabajadores la opción a modular el proceso. Y establecer procedimientos de cálculo de la pensión de jubilación (bases, periodos) que garanticen mejor la correspondencia entre cotización y prestación, evitando perjuicios a los trabajadores despedidos al final de su vida laboral.

Las medidas contenidas en la propuesta del Gobierno no afectarán a los actuales pensionistas y, sólo moderadamente, a los trabajadores más veteranos;  se aplicarán a través de periodos transitorios suficientes para garantizar la adaptación; incrementarán la equidad interna del sistema, con una mayor correlación entre cotizaciones y prestaciones; buscan el consenso parlamentario (Pacto de Toledo) y en el diálogo social (empresarios y sindicatos).

Salgado sí ha justificado estas propuestas “porque este Gobierno trabaja con responsabilidad y porque quiere garantizar las pensiones no sólo de las actuales clases pasivas, sino también de las futuras. Y, en tal sentido, ha puesto un ejemplo: “En 1975 la media de percepción de un pensionista de las cantidades de la Seguridad Social era de cinco años. Ahora es de quince años. De ahí que sea necesario ampliar la edad de jubilación”. La Vicepresidenta  ha dejado claro, eso sí, que la medida se aplicará de forma gradual y  ha fijado, al mismo tiempo, la fecha límite para empezar su aplicación el año 2013. La responsable de Economía, en cierta medida, ha venido a mostrar cierto arrepentimiento por parte del Gobierno por las prejubilaciones llevadas a cabo: "Vamos a controlar las jubilaciones anticipadas para que no se abuse de este sistema a la hora de regular empleo", - dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros- aunque jamás prohibiremos la medida.

Tanto Salgado como la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega han intentado, en todo momento, contemporizar la fuerte contestación  que ha producido esta medida: “Vamos a dialogar porque este Gobierno quiere negociarlo todo. Nace con vocación de pacto”.

Plan de Austeridad

Pero donde no parece que vaya a haber negociación es en el otro gran punto tratado en el Consejo de Ministros. El Plan de Austeridad que se llevará a cabo desde este año y hasta 2013 con el objeto de reducir el déficit del 11,4% actual que ha adelantado Salgado, y que todavía no es la cifra definitiva aunque cuenta con casi todas las bendiciones de la Intervención General del Estado, hasta el 3,0% en el 2013.  8,4 puntos de ajuste total que suponen algo así como 50.000 millones de los cuales, 40.000 serán objeto de recortes en la Administración General del Estado y 10.000 de las administraciones autonómicas, y locales dejando, además, bien sentado, que “este sacrificio también se hará corresponsable al sector público empresarial”. Por lo cual, sin decirlo, las empresas públicas dependientes del Estado, integradas en la SEPI y en la SEPA, es decir, en Patrimonio, no van a tener mas remedio que hacerse cargo de los recortes que se van a producir.

Unos  recortes que las vicepresidentas han calificados de “duros y rigurosos” pero que no afectarán ni a las becas, ni a las ayudas para la dependencia, ni a los 2.500 euros por hijo, ni al desempleo, ni  a la I+D+i. ¿Entonces por dónde se va a meter la tijera?, ha preguntado un compañero presente en la rueda de prensa.

La respuesta de Salgado. “Hay un margen de techo presupuestario de 30.000 millones. Este margen está en las denominadas transferencias. No ser tocarán las habituales para las comunidades autónomas correspondientes a los servicios que las administraciones territoriales prestan por el traspaso de los mismos, pero sí hay convenio y otros aspectos de dichas transferencias que sí se pueden revisar”. Tampoco se piensa tocar mucho las inversiones en infraestructuras aunque Salgado ha reconocido que “tendrá que hablar con el Ministro” para ver que se puede hacer al respecto, “al menos para acompasar las inversiones previstas y diferir  algunas partidas en varios ejercicios”.

Y todo ello en un escenario macroeconómico revisado en el que se contempla un retroceso del PIB, el año pasado, del 3,6%, un crecimiento todavía negativo para el presente ejercicio del 0,3% y la vuelta a la senda positiva de 1,8%, 2,9% y 3,1% en los años 2011, 2012 y 2013 respectivamente. Eso sí. Al menos las previsiones en materia de empleo son realistas. La tasa de paro en 2009 alcanzará el 19% de la población activa, bajando en 2011 al 18,4%, al 17% en 2012 y al 15,5% en 2013. O sea que eso que han dicho algunos optimistas de poder alcanzar el 10% de paro antes de que termine la legislatura es del todo impensable para un Gobierno que parece pensar, más, en una recuperación en materia de empleo de varios años. Tal vez cuando termine la década. Es decir, en diez años, se haya podido recomponer el roto que ha generado esta recesión. Y eso que era un “suave aterrizaje” según se dijo cuando comenzaron los primeros síntomas de la tormenta.

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