En la Ley antisecuestros que envió el Ejecutivo Federal el Senado se plantea regularizar escuchas en teléfonos

La iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro presentada por el Ejecutivo en el Senado plantea una regulación más clara en torno a la intervención de llamadas telefónicas a particulares para combatir el plagio.

En la iniciativa enviada este jueves 17 de febrero al Senado de la República, el presidente Felipe Calderón plantea varios tipos penales de secuestro con diferentes sanciones cada uno, y la forma en que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán coordinarse para su persecución.

Entre otras medidas, propone regular los esquemas de intervención de comunicaciones a los particulares así como la figura de inexcusabilidad para que todo testigo de secuestro esté obligado a declarar.

También plantea reformas para fortalecer el trabajo de inteligencia con operaciones encubiertas para detectar y desintegrar bandas de secuestradores.

Además establece la figura del informante para recompensar a quienes proporcionen información fidedigna útil y suficiente para localizar y detener a quienes cometan este delito.

La iniciativa presidencial incluye el decreto de la llamada Ley Antisecuestro, así como diversas adiciones, modificaciones y derogaciones al Código Federal de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, a las leyes federales contra la Delincuencia Organizada y de Telecomunicaciones, entre otras.

Prisión  de por vida para secuestradores

El pleno del Senado de la República dio entrada este mediodía la reforma que refuerza la lucha contra el secuestro enviada por el presidente Felipe Calderón.  La reforma fue turnada al inicio de la sesión al documento a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera.

En el texto enviado por el Ejecutivo se apoya un programa para resarcir el daño a las víctimas, poder grabar conversaciones telefónicas e introducir agentes "infiltrados" a las bandas criminales.

La reforma también pide prisión "vitalicia" para los secuestradores en ciertos casos, y la posibilidad de poner dispositivos electrónicos de vigilancia a quienes hayan purgado una condena por ese delito.

Se endurecen penas a los policías, o servidores públicos, que hayan cometido el delito, y se tipifican formas como el secuestro exprés, el autosecuestro, entre otros.