Corbacho aconseja planes privados de pensiones

   Un cierto escándalo, fruto tal vez de la ignorancia, o el olvido, ha levantado el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, por su sugerencia, su consejo o su recomendación de que conviene hacerse planes privados de pensiones para compensar o completar los planes de pensiones públicos. No es nuevo: posiblemente han coincidido con esta recomendación de Corbacho casi todos los ministros de Trabajo anteriores. Sin ir más lejos, Pedro Solbes, cuando era vicepresidente, hizo exactamente la misma recomendación y dio idéntico consejo. No porque tenga miedo a que el Sistema de Planes Públicos pueda quebrar de un momento a otro, sino porque las dificultades de dicho sistema se vienen comprobando, y por la probabilidad de que, en un plazo de veinte o treinta años, "el invento" haya dejado de tener el valor o la vigencia que ahora tiene. Es una prevención, un aviso para navegantes, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que están a tiempo de ir reuniendo sus propias previsiones de futuro. El propio Corbacho reconoce, admite y relata que él mismo tiene un fondo privado de esa naturaleza y que lo tiene desde hace tiempo.

   ¿Es oportuno este Corbacho? Esa es otra cuestión. Que "políticamente" la recomendación del ministro resulte escasamente oportuna en el tiempo, cuando se está discutiendo cómo prolongar más años la vigencia de esos planes públicos y de ese sistema de pensiones. Algunos podrían ver, además, una invitación al ahorro de los españoles, un ahorro para el futuro y "por si acaso"...

Estos días hemos tenido oportunidad de escuchar otros dos "reconocimientos de culpa" que un político profesional hubiera rehuido. Primera, la de Zapatero, al proclamar, de nuevo, que no previó las dimensiones de la crisis que nos venía encima. Ya lo dijo una vez, y repetir el mea culpa no conduce a otra cosa que a confirmar a los adversarios en su propia fe, por más que también se recuerde que en los programas electorales del PP tampoco figuraban prevenciones o previsiones para esa mala coyuntura que algunos empezaban a vislumbrar, todavía sin conocer su importancia y severidad. El otro "reconocimiento de culpa" es, también, de ayer mismo, y lo hizo la vicepresidenta económica, Elena Salgado, cuando "confesó" que, de haber sabido la que nos venía encima -la crisis y sus derivaciones, en concreto, las  dificultades de recaudación que ahora comprueba-, no se hubiera procedido a eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio. Es una obviedad. Pudo haberse prolongado la existencia de ese gravamen, sencillamente porque era un ingreso más con el que contaba el Estado. Elena Salgado admitía también que ahora es tarde para recuperarlo. Es otra obviedad. O menos aún, recuperarlo con efectos retroactivos. Esa clase de decisiones políticas se maduran durante largo tiempo -y eso había sucedido con el Impuesto eliminado-, pero una vez suprimido, no lo resucita nadie en mucho tiempo. Pudieran conseguirse efectos parecidos con otras normas, como la persecución del fraude fiscal. En el nuevo plan antifraude que elabora el Ministerio de Hacienda se plantea el análisis de los signos externos que pudieran ocultar una elusión o fraude fiscal: Casa de lujo, coche de alta gama, horas extra, contratación de becarios, los despidos "por vacaciones", las guarderías y centros médicos, las facturas falsas.., todo ello pudiera levantar las sospechas del fisco, estimulado para que la ciudadanía defraude menos. La tributación a Hacienda, con menos fraude, deberá suplir la falta de otros ingresos, como el que originaba el impuesto sobre Patrimonio.


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