A través de un comunicado, expresó su preocupación por los enfrentamientos que se registraron entre presos del Centro Penitenciario Metropolitano Yare I, en Caracas, en el que habrían resultado fallecidos 6 reclusos.
La CIDH expresó su preocupación por los hechos, se solidarizó con las familias de las víctimas y recordó que las obligaciones estatales en materia de derechos humanos incluyen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los encarcelados.
Asimismo, la CIDH reiteró su preocupación por los altos índices de violencia en los centros penitenciarios venezolanos y por la tenencia de armas de fuego de grueso calibre por parte de organizaciones criminales dentro de varias prisiones.
En este sentido, reafirmó que los Estados tienen la responsabilidad de adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas sujetas a su jurisdicción, deber que es más evidente al tratarse de personas privadas de libertad, sobre las que el Estado se encuentra en una posición de garante.
Esta obligación no solo se impone con relación al poder del Estado, sino también en lo que se refiere a las actuaciones de terceros particulares.
La CIDH urgió nuevamente a las autoridades venezolanas a adoptar las medidas idóneas destinadas a prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios.
Desde hace varios años la Comisión ha venido dando seguimiento a la situación de las cárceles en Venezuela a través de distintos mecanismos, incluyendo casos contenciosos y medidas provisionales solicitadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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