El gobierno federal conoció desde diciembre de 2006 de las supuestas irregularidades en la entrega de dinero de Petróleos Mexicanos (Pemex) al sindicato petrolero, que dirige el corrupto Carlos Romero Deschamps y cuyas partidas fueron aprobadas por el ex director de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos.
De acuerdo con documentos obtenidos por El Universal de la ciudad de México, en nota del reportero Jorge Ramos, la Presidencia de la República, las secretarías de Gobernación (Segob) y de la Función Pública (SFP), así como Pemex, recibieron denuncias de la disidencia sindical.
Los textos oficiales de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República y testimonios de la disidencia sindical revelan cómo las advertencias fueron ignoradas en principio.
Norma Monroy, coordinadora de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros, informó que en el periodo de transición fue recibida por colaboradores del entonces presidente electo Felipe Calderón.
En febrero de este año César Nava, secretario particular del Presidente, le comunicó que la Secretaría del Trabajo la atendería, pero hasta principios de abril no habían sido recibidos.
Monroy agregó que en Gobernación escucharon sus denuncias y quejas. La dependencia ofreció seguir el caso y canalizarlos con las autoridades pertinentes, pero no ocurrió.
En la Función Pública entregaron al secretario Germán Martínez Cázares un escrito. La oficina del funcionario remitió la denuncia al Órgano Interno de Control (OIC) de Pemex, que depende de la SFP.
El OIC respondió con una negativa, con el argumento de que el artículo 123 de la Constitución, así como la Ley Federal del Trabajo, impiden al gobierno intervenir en los sindicatos.
En abril de este año la SFP informó que investiga a Muñoz Leos por un presunto daño patrimionial a Pemex por mil 724 millones de pesos.
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