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Llamazares denuncia que se ha blindado el bipartidismo

PSOE, PP y los nacionalistas se unen para impedir la reforma de la ley electoral

PSOE, PP y los nacionalistas se unen para impedir la reforma de la ley electoral

miércoles 17 de marzo de 2010, 20:50h
El PSOE, el PP y los partidos nacionalistas aunaron este miércoles fuerzas en la subcomisión del Congreso encargada de proponer cambios en la Ley Electoral de 1985 para rechazar los cambios de fondo en el sistema vigente que sugirió el Consejo de Estado y que defendían tanto Izquierda Unida como Unión, Progreso y Democracia (UPyD).
Durante el encuentro que el órgano que preside Alfonso Guerra mantuvo esta tarde en la Cámara Baja, los partidos mayoritarios y las fuerzas nacionalistas acordaron por mayoría no atender las propuestas del órgano consultivo que apostaba por aumentar el número de diputados del Congreso, adelgazar las circunscripciones menos pobladas y prescindir de la Ley D'Hont por la que se reparten matemáticamente los escaños.

Esas reformas que apunta el Consejo de Estado coinciden con las demandas de IU, que estuvo representada en la reunión por Gaspar Llamazares, y de UPyD, cuya diputada, Rosa Díez, no acudió al encuentro de esta tarde. Ambas formaciones se consideran perjudicadas por el vigente sistema electoral por su condición de fuerzas minoritarias de ámbito estatal.

En el informe que le encargó el Gobierno, el Consejo de Estado reconocía que el actual sistema electoral perjudica a ese tipo de formaciones y, en aras a la mejora de la proporcionalidad, del principio de igualdad y del propio régimen democrático, proponía aumentar hasta 400 el número de diputados, acogiéndose a la previsión contemplada en la Constitución de 1978, disminuir de dos a uno la representación mínima inicial de cada circunscripción provincial, lo que restaría peso a las provincias menos pobladas, y buscar una fórmula electoral más proporcional que la actual ley D'Hont.

Esos cambios de calado no cuentan, en cambio, con el beneplácito de los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, que copan los escaños en liza en buena parte de las provincias con menor censo, ni tampoco cuenta con el visto bueno de los partidos nacionalistas, que son mayoritarios en sus respectivas comunidades.

Sin consenso no hay cambios



Tras constatar que las recomendaciones del órgano consultivo no cuentan con el nivel de consenso suficiente que requiere una reforma como la de la Ley Electoral, que afecta a las reglas del juego democrático, la subcomisión optó por descartarlas.

El debate de esas propuestas ya se esbozó en el Pleno del Congreso hace unas semanas, cuando Rosa Díez, la diputada de UPyD, reclamó un proyecto de ley de reforma electoral en línea con lo apuntado por el Consejo de Estado. Su iniciativa sólo fue apoyada por IU y fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios.

La negativa de los grupos mayoritarios y los nacionalistas a modificar el sistema electoral llevó al diputado de IU, Gaspar Llamazares, a comparecer en rueda de prensa para denunciar que se haya dado "portazo" a una reforma de fondo blindando el bipartidismo y marginando a una tercera fuerza política estatal.

"Han dicho no al aumento de diputados alegando ahora razones de austeridad, han rechazado reducir el mínimo por provincia, considerando que algunas circunscripciones quedarían desguarnecidas, han rechazado la creación de un fondo de restos, y han desechado cambiar la fórmula D'Hont al considerar que no es bueno cambiar y porque podrían perder influencia", resumió.

Así las cosas, insistió en que se ha optado por mantener "la ley del embudo" --"el ancho para ellos y estrecho para una tercera fuerza de ámbito estatal", dijo-- y por limitar el pluralismo en el ámbito territorial.

"Es una sistema a la carta para PSOE y PP y aceite de ricino para una tercera fuerza estatal", apostilló, tras constatar que, después de "dos años mareando la perdiz", la subcomisión se vaya a limitar a acordar "medidas cosméticas".

Con este panorama, Llamazares se planteará si continúa "con esta comedia" o si abandona la subcomisión para no asistir a "debates de besugos" como calificó, por ejemplo, el relativo a la creación de la figura del diputado suplente, sobre cuya conveniencia dijo tener "bastantes dudas".

Quitar poder a los tránsfugas

Durante su reunión de esta tarde, los miembros de la subcomisión volvieron a analizar otras de las propuestas sobre las que quieren llegar a acuerdos y que centrarán sus próximos encuentros. Entre otras cosas, la mayoría comparte la necesidad de combatir el transfuguismo buscando fórmulas para que los tránsfugas no puedan decidir cambios de gobierno, como viene ocurriendo en algunos ayuntamientos.

Se baraja, por ejemplo, que se prohíba firmar mociones de censura a quienes abandonan un partido pero mantienen su escaño o que se eleven las mayorías necesarias para que éstas salgan adelante cuando participen tránsfugas en la votación.

Además, los partidos se han comprometido a buscar mecanismos que eviten el uso comercial del censo electoral --como el establecimiento de una fianza para tener acceso al mismo--, o para que no se produzcan cambios de domicilio de última hora con fines electorales.

El nuevo modelo de papeleta para el Senado también habrá de tener encaje en la reforma de la LOREG. La tradicional 'sábana' color salmón será modificada antes de las próximas elecciones generales para facilitar el sistema de voto, que hasta ahora dejaba un gran número de votos en blanco y votos nulos debido a su dificultad. Para ello, reducirá hasta un tercio su tamaño y mejorará su diseño y el orden de los candidatos.

Nueva reunión tras Semana Santa

Con el análisis del informe del Consejo de Estado la subcomisión de la Comisión Constitucional entra en su recta final, pues su mandato, ya prorrogado una vez, acaba este mes de junio. Este órgano tiene previsto volver a reunirse después de Semana Santa con la intención de ultimar sus conclusiones y que éstas puedan ser ratificadas por el Pleno del Congreso antes de que acaba el presente periodo de sesiones.

El plan es acometer las posibles reformas que se propongan en el segundo semestre de este año con el fin de que las novedades que se acuerden puedan estar en vigor en las municipales y autonómicas de 2011 y en las generales del año siguiente.
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