Batasuna consiguió lo que quería: armar el lío padre

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, precisó que se impugnarán las listas de AS al Parlamento de Navarra, a las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y a los municipios del País Vasco y Navarra, así como dos que se han presentado en el Condado de Treviño (Burgos).

De las seis candidaturas independientes que impugnará la Fiscalía, dos han sido presentadas en Guipúzcoa y otras cuatro en Navarra. Al igual que ocurre con AS, la Fiscalía considera que tratan de suceder a los partidos ilegalizados HB-EH-Batasuna.

Por su parte, la Abogacía del Estado impugnará 233 listas de AS, además de cinco independientes en Navarra y otras dos en Guipúzcoa, según informó el Ministerio de Justicia.

Las candidaturas de AS se impugnan, entre otras razones, porque, según la Abogacía del Estado, es "una estrategia del complejo Batasuna, quebrantando con ello, pese a su ilegalización, las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como la Ley Orgánica de Partidos Políticos".

'Puntos de conexión' con Batasuna

En un comunicado, los Servicios Jurídicos del Estado explican que han llegado a esta conclusión por los informes remitidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; anexos de prensa; y, sobre todo, por las propias actuaciones y manifestaciones de los dirigentes de Batasuna.

También se han detectado numerosos "puntos de conexión" entre los miembros de las candidaturas de Abertzale Sozialistak con la formación ilegalizada. Según la Abogacía, existe "un altísimo porcentaje" de candidatos que han sido candidatos o electos en anteriores elecciones de las organizaciones ilegalizadas.

La Abogacía del Estado ultima las impugnaciones contra las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV), cifradas en entre 90 y 125 listas de las 256 presentadas. Los Servicios Jurídicos del Estado presentarán a media mañana del jueves ante la Sala Especial del Supremo su demanda contra estas candidaturas.

La Sala Especial, que ilegalizó Batasuna en 2003, dispone de dos días para resolver, es decir, hasta el sábado, día 5, a las 12 de la noche. Según fuentes del alto tribunal, es improbable que se pronuncie antes de media tarde del sábado.