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Suspende los derribos del barrio histórico, preventivamente

El Constitucional reabre la 'guerra' entre el Gobierno central y el valenciano por El Cabanyal

El Constitucional reabre la 'guerra' entre el Gobierno central y el valenciano por El Cabanyal

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno central contra la ley aprobada por las Corts el pasado 24 de marzo que autorizaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio valenciano de El Cabanyal y ha decidido suspender de forma preventiva los derribos del barrio marinero de El Cabanyal en Valencia sentando así, un nuevo capítulo en la 'guerra' abierta entre el Gobierno central y el valenciano.
El alto tribunal, a través de una providencia, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley que avala el PEPRI, así como dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso y al Senado, por conducto de sus presidentes, y a la Generalitat y las Corts Valencianes por el mismo procedimiento, para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportunas.

   El acuerdo produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la interposición del recurso el pasado 9 de abril para las partes y desde el día en que aparezca publicada en el Boletín Oficial del estado (BOE) para los terceros.

   Asimismo, acuerda oír a las partes sobre la posible acumulación de este recurso al anterior, lo que supone que previsiblemente el alto tribunal resuelva en una única resolución sobre ambos.

   Las Corts Valencianes aprobaron el pasado 24 de marzo --con los votos a favor del PP-- la ley que autorizaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) en El Cabanyal que permitía ejecutar la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez hacia el mar a través de este barrio de Valencia.

   Esta norma sustituía y derogaba el Decreto-Ley que el Consell publicó el pasado 7 de enero --y que también había sido recurrida por el Ejecutivo socialista ante el TC-- en oposición a la orden del Ministerio de Cultura que declaraba como acto de expolio las actuaciones derivadas del PEPRI y, por lo tanto, obligaba a suspender la ejecución de este proyecto.

   La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció el pasado viernes que el Gobierno había acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad a la ley de la Generalitat valenciana de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, que avalaba el PEPRI, y señalaba que esta iniciativa legislativa "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio de patrimonio histórico que corresponden al Estado", y afirmaba que el Gobierno estaba ejerciendo precisamente estas competencias en relación con el barrio de El Cabanyal.

Argumentación jurídica



El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los siguientes recursos de inconstitucionalidad planteados por el Gobierno en contra de la resolución valenciana que permite derribar el Cabanyal:

1º.- : Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno sobre Artículos 3.a), 8, 16.2, 17 y las disposiciones adicionales primera y segunda, y disposición transitoria única de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de Concejos Abiertos de Aragón.

2º.- : Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno sobre los Artículos 1, 2 y 3, apartado 2 de la disposición derogatoria y el párrafo segundo de la disposición final segunda de la Ley 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalitat, de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia.

Sin embargo, la admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad de por sí, no suspende la vigencia ni la aplicación de la norma valenciana, excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artículo 161, 2, de la Constitución para impugnar, por medio de su Presidente, Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas. De ser así, como ha sido el caso, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas y "la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no
superior a cinco meses".


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