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El PSOE inicia una campaña para poner en entredicho la 'acusación popular'

El PSOE inicia una campaña para poner en entredicho la 'acusación popular'

La Constitución encomienda la labor de defensa y promoción del interés general ante los tribunales al Ministerio Fiscal, sin embargo para hacer partícipes a la ciudadanía de la administración de Justicia se establecen otras dos fórmulas: la acusación particular y la popular. Esta última ha alcanzado mucho protagonismo últimamente en casos mediáticos como el supuesto 'chivatazo' a ETA del bar Faisán, el cierre del diario vasco Egunkaria o los tres procesos que están abiertos contra el juez Garzón y está dando lugar a una ferviente 'campaña' para limitar sus competencias ya que ha relegado a la Fiscalía a un segundo plano.
La actuación popular supone que un ciudadano está legitimado para personarse en un proceso sin necesidad de que lo haga también la Fiscalía y sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio (acusación particular), sino en defensa de la legalidad. Esta fórmula, está recogida en la Constitución y surge como garantía de contrapeso a la posible 'permeabilidad' del Ministerio Fiscal a la influencia del Poder Ejecutivo. Sin embargo, su ejercicio en los últimos casos -Faisán, Egunkaria y Garzón, entre otros- ha sido muy criticado por el fiscal general del Estado, Candido Conde-Pumpido, que considera que se refugia bajo este derecho una realidad de "fiscalías paralelas" que defienden "intereses espurios" en "querellas mediáticas".

En los tres casos citados, la Fiscalía pidió el sobreseimiento o archivo de las causas, pero los procesos continuaron bajo las distintas acusaciones populares:
  • Caso Egunkaria: Dignidad y Justicia
  • Caso Faisán: Dignidad y Justicia, Unión de Oficiales y el PP, entre otros
  • Caso Garzón: Manos Limpias y Falange, en el caso de la memoria histórica; los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, en el caso de los supuestos cobros de Nueva York, y PP y Manos Limpias en el caso de las supuestas escuchas ilegales del Gürtel, en el que también está personado el propio Francisco Correa como acusación particular.
El caso Faisán y los tres procesos al juez Garzón siguen pendientes de resolución, pero la causa contra el diario vasco Egunkaria tuvo punto y final el pasado 12 de abril siete años después del cierre del periódico cuando la Audiencia Nacional dictó una sentencia en la que confirmaba que los cinco directivos de Egunkaria "no tenían la más mínima relación con ETA" y declaraba nula la clausura del diario porque esta medida "no tenía habilitación constitucional directa y carecía de norma legal especial y expresa que la autorizara".

Es precisamente en este caso en el que se apoya Conde-Pumpido para insistir en que hay que abrir un debate para "tratar de evitar" que se introduzcan en el proceso penal cuestiones "ajenas a lo que puede realmente resolver" a través de fórmulas que no existen en otros países y que "en realidad son grupos ideológicamente marcados que las trasladan". El PSOE ha recogido el guante y a través del portavoz socialista en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarubia, se ha expresado la misma exigencia de "frenar los abusos" porque "la utilización abusiva de la acción popular es un riesgo, se ha visto y hay hechos que avalan la necesidad de hacer una reflexión". Pero no todos han acogido de buen grado la propuesta.

    Rosa Díez ha reprochado a Conde Pumpido que quiera poner fin a las "fiscalías paralelas y políticas" y le ha aconsejado que empiece por aplicarse él mismo "el cuento". "A ver si va resultar que él es el que va de fiscal paralelo, a defender causas más políticas que jurídicas". En este sentido, dijo recordar a Conde Pumpido "justificando que (el etarra Ignacio) De Juana Chaos se fuera al balneario de San Sebastián y metiéndole en la cárcel. "Le recuerdo en las dos versiones y sólo había cambiado la coyuntura política porque no había ni delitos ni leyes nuevas", agregó. Dicho esto, apuntó que si Pumpido piensa que hay que acabar con la acusación popular, que lleve al Gobierno una iniciativa legislativa en ese sentido.

    Y es que la acusación popular es una fórmula recogida en la propia Constitución en su artículo 125: "Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales". No obstante, nuestro ordenamiento jurídico es restrictivo en la operatividad práctica de la acción popular, pues ésta "sólo está permitida en los procesos penales, salvo en el caso de los delitos privados, excluyéndola también en el procedimiento penal militar". Además, está regulado que el juez podrá exigir una fianza siempre que sea proporcionada para que con ello no es obstaculice su ejercicio, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Suficiente para abrir juicio

Sin embargo, el Tribunal Supremo limitó el poder de esta fórmula con la llamada 'doctrina Botín' que establecía que "en el procedimiento abreviado, no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acción popular". En este caso, ni la acusación particular ni el fiscal llevaron a cabo la petición de apertura judicial, pero sí lo hizo un colectivo de defensa de los inversores en forma de acusación popular y la causa. Posteriormente, en el caso Atutxa matizaba algo esta postura considerando que Manos Limpias podía abrir por sí sola el proceso por desobediencia contra el ex presidente de la Cámara vasca al no existir un concreto perjudicado.

    Actualmente, distintas acusaciones populares son protagonistas de los principales frentes jurídicos del país -incluido el caso Gürtel en el que están personados los socialistas valencianos- y ahora está por ver en qué queda la intención de la Fiscalía de recuperar la 'batuta' en los procesos judiciales.
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